Feijóo prevé revisar los bonus y blindajes de las empresas participadas si llega al Gobierno
El PP incluirá las participaciones estatales en su auditoría de la Administración y pedirá cuentas a los gestores sobre sus decisiones. El examen servirá también para decidir qué inversiones públicas mantiene o vende.
Los planes del PP si accede al Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre incluyen revisar los bonus y blindajes de los altos directivos de las empresas participadas por el Estado. Según fuentes políticas consultadas por ABC, la iniciativa formará parte de un examen de las inversiones públicas, especialmente de las agrupadas bajo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Alberto Núñez Feijóo ha situado la auditoría de toda la Administración General del Estado entre sus compromisos para los primeros cien días de un eventual mandato. El programa electoral de los populares, denominado Reconstrucción Nacional, reúne 249 medidas.
En el ámbito empresarial, el proyecto contempla pedir explicaciones a los gestores sobre las principales decisiones adoptadas desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en junio de 2018. Los populares quieren examinar aquellas actuaciones que, a su juicio, hayan comprometido la viabilidad o la rentabilidad de las compañías y exigir transparencia en las decisiones futuras.
Feijóo ha afirmado que denunciará los posibles fraudes que encuentre y eliminará los gastos que considere ajenos al interés general. También ha rechazado conceder incentivos a quienes conduzcan una empresa al desastre, en referencia a los bonus aprobados por Adif tras el accidente de Urda y antes del relevo de su presidente.
La revisión no se limitaría a las remuneraciones. Las fuentes consultadas sitúan entre sus objetivos decidir si el Estado debe conservar sus posiciones, vender una parte o desprenderse de toda su participación, en función de la necesidad del respaldo público y del beneficio para el Estado.
El examen afectaría a inversiones financiadas con recursos públicos. Entre las participaciones de la SEPI figuran el 27,99% de Indra, el 20% de Redeia y el 10% de Telefónica. Para el contribuyente, la propuesta pone bajo revisión tanto la gestión de ese patrimonio como las decisiones sobre su conservación o venta.
CaixaBank tendría un tratamiento específico. El propósito inicial del PP es mantener la posición estatal el tiempo suficiente para intentar recuperar el rescate público de Bankia, cercano a los 23.000 millones de euros, antes de su absorción por CaixaBank.
El Estado posee el 18% de CaixaBank a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía. Esa participación tiene actualmente un valor bursátil de entre 8.000 y 9.000 millones de euros, frente a los menos de 2.000 millones que valía la posición pública cuando se anunciaron las negociaciones para la absorción de Bankia.
Fuente: abc.es · leer el original
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