La seguridad ferroviaria exige comprobar las correcciones, no solo pedir explicaciones

La responsabilidad política por la seguridad ferroviaria debe medirse también por la comprobación de las medidas correctoras, no únicamente por las explicaciones ofrecidas después de una tragedia. Ante el accidente de Urda, el antecedente de Adamuz plantea una exigencia concreta: conocer qué problemas se identificaron entonces y qué actuaciones se llevaron a cabo para resolverlos.

Ese examen no presupone que ambos accidentes compartan causas. Confundir la repetición de una tragedia con la repetición de un fallo sería sustituir la investigación por una conclusión anticipada. Pero tampoco hace falta demostrar una causa común para reclamar un balance de las decisiones adoptadas tras el primer accidente. Son dos obligaciones distintas: esclarecer lo ocurrido y fiscalizar la respuesta anterior.

Una corrección verificable requiere algo más que una declaración de intenciones. Debe poder explicarse qué riesgo pretendía reducir, quién debía ejecutarla y cómo se evaluó su resultado. Este es el criterio que debería orientar el control político: no acumular anuncios, sino permitir que el ciudadano compruebe si la Administración cumplió lo que se propuso.

Las denuncias de pasajeros y sindicatos sobre el deterioro de las infraestructuras y del servicio merecen respuestas contrastables. No demuestran por sí mismas la causa de un accidente, pero sí justifican preguntar cómo se recibieron, evaluaron y atendieron esas advertencias. Escuchar al usuario no puede limitarse a reconocer su malestar cuando la confianza ya está dañada.

Tampoco basta con personalizar toda la discusión en los ministros. Quien dirige Transportes debe responder por sus decisiones y por la supervisión de su departamento, pero atribuirle una responsabilidad concreta exige establecer qué hizo o dejó de hacer. La exigencia democrática pierde fuerza cuando reemplaza esa comprobación por la culpabilidad automática.

El control público debe dejar un rastro que sobreviva al debate inmediato: problemas identificados, decisiones justificadas y resultados examinables. Sin esa continuidad, cada tragedia reinicia la discusión. La seguridad ferroviaria necesita precisamente lo contrario: que las obligaciones asumidas no desaparezcan cuando termine la atención política.

Fuente: elmundo.es · leer el original