La sanidad universal no convierte su ley en intocable
Defender el acceso de todos a la atención médica exige poder discutir cómo se organiza. Una conquista social no entrega a sus administradores un certificado perpetuo de acierto.
La asistencia sanitaria universal merece protección; la ley que la organiza, examen. Confundir ambas cosas concede al poder una ventaja formidable: presentar cualquier crítica a sus instrumentos como un ataque a sus fines. El paciente desaparece de la discusión. Queda el monumento. Y los monumentos, por mucha placa que acumulen, no atienden enfermos.
La Fundación Gaspar Casal y la Fundación Ernest Lluch han celebrado en el Congreso el aniversario de la Ley General de Sanidad, que modernizó la atención primaria, instauró el Sistema Nacional de Salud y universalizó la asistencia médica. El nombre de Casal aporta un contraste pertinente: aquel médico caracterizó la pelagra mediante la observación clínica y la relacionó con una alimentación deficiente, antes de que se conocieran las vitaminas. Su rechazo de los dogmas convivía con el conocimiento de las ideas y técnicas europeas más avanzadas.
Ese legado no obliga a desconfiar del conocimiento experto. Obliga a distinguirlo de la autoridad blindada. Un médico necesita formación para interpretar lo que observa; una institución necesita admitir que sus decisiones pueden ser discutidas. Ni el título vuelve infalible al primero ni la solemnidad legislativa vuelve infalible a la segunda. El prestigio no sustituye al contraste.
Desde una perspectiva liberal, el objetivo es proteger a la persona, no asegurar la veneración de una estructura administrativa. La universalidad describe a quién debe llegar la asistencia. No resuelve por sí sola todas las preguntas sobre cómo organizarla. Convertir esa distinción en una sospecha moral empobrece el debate: obliga a defender o rechazar un bloque entero allí donde debería ser posible conservar unos elementos y corregir otros.
Tampoco basta invocar la libertad para descalificar una garantía compartida. Quien proponga cambios debe razonar cómo servirían mejor al paciente, no limitarse a cambiar de consigna. La exigencia vale en ambas direcciones. Ni lo público queda justificado por su nombre ni una alternativa por presentarse como tal.
Una conmemoración puede reconocer una conquista sin clausurar su examen. La mejor defensa de la asistencia universal consiste en permitir que sus instrumentos rindan cuentas. La ley está al servicio del paciente. No al revés.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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