La respuesta a los disturbios debe proteger la propiedad sin recortar garantías

La defensa de la propiedad y las garantías jurídicas deben formar parte de una misma respuesta a los disturbios. Los automóviles incendiados, los comercios saqueados y los enfrentamientos con la policía que han vuelto a producirse en Francia no obligan a escoger entre seguridad y libertad. Obligan a exigir que las instituciones protejan ambas.

El primer ministro francés, Lecornu, ha planteado una elección entre la República y la violencia. Esa contraposición tiene sentido como rechazo de la intimidación, pero necesita una traducción concreta: impedir las agresiones, identificar a sus responsables y exigir responsabilidades conforme a la ley. La firmeza institucional debe medirse por esa capacidad, no por la contundencia de las declaraciones.

En su interpretación de los disturbios, el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa sostiene que los participantes se benefician de un orden cuya continuidad dan por descontada mientras lo desafían. Es una hipótesis sobre su comportamiento, no una razón para considerar que las restricciones jurídicas de la policía protegen la violencia. Esos límites protegen a todos frente al abuso del poder, también cuando resulta más difícil respetarlos.

El problema debe formularse desde el otro lado del escaparate. Saquear un comercio o incendiar un vehículo supone vulnerar la propiedad de alguien. La destrucción del mobiliario urbano afecta, además, a bienes de uso común. Aunque después se repare lo destruido, esa reparación no convierte el daño en irrelevante ni devuelve legitimidad a quienes lo causaron.

Tampoco hace falta resolver la psicología de la multitud para establecer responsabilidades individuales. La precariedad, las dificultades de vivienda o los problemas de integración pueden ser asuntos de política pública sin convertirse en una exención frente a la ley. Del mismo modo, la participación de una persona en actos violentos no permite trasladar su responsabilidad a los jóvenes, los inmigrantes o quienes protestan pacíficamente.

Una respuesta liberal debe rechazar tanto la indulgencia ante el saqueo como el castigo indiscriminado. Defender la protesta exige distinguirla de la coacción; defender la seguridad exige someter la intervención pública a controles. La República no demuestra su fortaleza suspendiendo garantías, sino haciendo que esas garantías convivan con una protección efectiva de las personas y de sus bienes.

Fuente: elmundo.es · leer el original