La responsabilidad por los disturbios no se decide por parentesco ni por conveniencia política

La respuesta a los disturbios de Barcelona debe partir de una exigencia: atribuir responsabilidades por conductas acreditadas, no por parentescos ni por el rendimiento electoral de una explicación. Defender la seguridad y la propiedad requiere firmeza, pero también precisión. Sin ella, la rendición de cuentas se convierte en una disputa sobre a quién conviene señalar.

El sábado hubo saqueos de comercios, destrozos de marquesinas y quema de contenedores. Esos hechos sitúan en primer plano a quienes sufrieron daños en sus negocios y a quienes dependen de los espacios y servicios afectados. Su reparación merece más atención que la competición por encajar lo ocurrido en un relato partidista.

Gabriel Rufián planteó la posible implicación de la extrema derecha a partir del beneficio político que, a su juicio, obtendría de los incidentes. Ese razonamiento no permite identificar responsables: beneficiarse de un acontecimiento y haberlo provocado son cosas distintas. La sospecha política puede formularse, pero no debe ocupar el lugar de una prueba.

La responsable de Seguridad de Cataluña, Núria Parlon, apuntó al efecto espejo francés. Una hipótesis de imitación puede orientar preguntas, pero tampoco resuelve quién participó, cómo actuó o qué daños causó. Investigar las causas y exigir responsabilidad individual son tareas compatibles; ninguna autoriza a dar por demostrada la otra.

La pretensión de Collboni de que los padres paguen los desmanes de sus hijos exige una cautela semejante. Reclamar reparación es legítimo como objetivo político. Convertir el vínculo familiar en respuesta suficiente, sin distinguir las circunstancias de cada caso, no lo es. Antes de anunciar quién debe pagar hay que justificar por qué le corresponde hacerlo.

También debe examinarse la actuación de los responsables de seguridad. Esa evaluación no disculpa a quienes saquearon comercios, del mismo modo que perseguir a los autores no exime a las autoridades de explicar sus decisiones. Son responsabilidades diferentes y deben analizarse por separado.

Una política de orden público solvente no necesita escoger entre contundencia y garantías. Necesita identificar conductas, acreditar responsabilidades y fundamentar la reparación. La seguridad jurídica protege tanto al comerciante perjudicado como a quien puede ser señalado sin motivo suficiente: esa es su fuerza, no su debilidad.

Fuente: elmundo.es · leer el original