La responsabilidad política no debe esperar al veredicto técnico ni sustituirlo

La investigación de Urda debe determinar por qué chocaron los trenes; la rendición de cuentas debe explicar cómo se estaba protegiendo a sus pasajeros. Son obligaciones distintas y ninguna puede servir de excusa para aplazar la otra. Tampoco sería legítimo utilizar la exigencia de responsabilidad política para presentar como demostrada una negligencia cuya relación con el accidente aún debe esclarecerse.

La colisión en Urda, Toledo, ha dejado al menos 68 muertos y decenas de heridos, apenas nueve meses después del accidente de Adamuz. Esa sucesión justifica un escrutinio especialmente exigente sobre la seguridad ferroviaria. No demuestra, por sí sola, que ambos siniestros compartan causas ni permite atribuir automáticamente cada fallo a una decisión del Gobierno.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó el accidente a un error humano y señaló al empleado del centro de control que habría ordenado al AVE reanudar la marcha mientras el Iryo seguía detenido. Esa explicación debe someterse a comprobación. La posición institucional del ministro no convierte su versión en una conclusión técnica.

Incluso si se confirmara esa equivocación, quedaría una cuestión esencial: qué mecanismos debían impedir que una orden errónea terminara en una colisión. Examinar las instrucciones, la supervisión y las barreras de seguridad no equivale a absolver al trabajador ni a condenar a sus superiores. Significa investigar la cadena completa, en lugar de detenerse en el último eslabón.

La responsabilidad política tiene además un contenido propio. Transportes debe dar cuenta de sus decisiones de gestión, de los controles que exigió y de cómo comprobó su cumplimiento. Para pedir esas explicaciones no hace falta anticipar el resultado de la investigación. Para afirmar que una decisión concreta causó las muertes, sí hacen falta pruebas.

Una auditoría independiente de la seguridad ferroviaria permitiría contrastar las explicaciones del Ejecutivo y orientar las correcciones necesarias. Su utilidad dependería de que pudiera examinar decisiones y procedimientos sin quedar subordinada a la defensa de quienes los dirigieron.

El derecho de los ciudadanos a viajar con seguridad exige algo más que una disputa sobre culpables. Exige pruebas para establecer las causas y explicaciones verificables para juzgar la gestión. Ni el error de un empleado debe cerrar el examen del sistema ni la indignación debe reemplazarlo.

Fuente: elmundo.es · leer el original