La responsabilidad de un ministro no puede medirse contando accidentes

La responsabilidad política de un ministro debe juzgarse por sus decisiones y sus obligaciones, no por un número de accidentes que convierta automáticamente su permanencia en inadmisible. La dimisión de Óscar Puente plantea precisamente ese problema: una renuncia puede ser necesaria, pero el criterio que la justifica también debe poder explicarse y aplicarse con coherencia.

Puente ha dejado Transportes después de la catástrofe de Urda, apelando a la dignidad política, la coherencia y la empatía con las víctimas. En su explicación sostuvo que un ministro no puede continuar después de dos accidentes en menos de un año. Esa formulación expresa la gravedad de lo sucedido, pero resulta insuficiente como regla de responsabilidad pública.

El número de siniestros no permite, por sí solo, valorar la actuación de un responsable político. Un único accidente podría revelar una gestión incompatible con seguir al frente de un ministerio; la acumulación de varios tampoco demuestra automáticamente qué decisiones fueron incorrectas. Exigir responsabilidades no requiere atribuir al ministro la causa material de una tragedia, pero sí examinar aquello que dependía de su cargo.

El viernes, Puente había defendido la posición contraria: consideraba que marcharse sería la salida fácil y que debía quedarse para afrontar la crisis. Rectificar no es en sí una falta. Lo exigible es explicar qué fundamento hace preferible ahora la renuncia frente a la continuidad que antes presentaba como una obligación.

También conviene separar la empatía de la rendición de cuentas. El respeto a las víctimas debe orientar la conducta de cualquier gobernante, permanezca o dimita. No sustituye la explicación de las decisiones adoptadas ni permite dar por resueltas las preguntas sobre la gestión de Transportes.

Sánchez calificó lo ocurrido de inasumible. Traducir esa valoración en responsabilidad institucional exige algo más preciso que la salida de un ministro. La dimisión de Puente debe valorarse sin convertirla ni en prueba de culpabilidad ni en absolución del Gobierno: lo decisivo es establecer un criterio verificable sobre el ejercicio del cargo, no una cuenta de accidentes.

Fuente: elmundo.es · leer el original