La rendición de cuentas ferroviaria no puede esperar a las urnas

La rendición de cuentas ferroviaria debe producirse antes y al margen del veredicto de las urnas. Un ministro no queda exonerado porque conserve votantes, pero tampoco resulta responsable de un fallo técnico por el mero hecho de ocupar el cargo. Entre ambos extremos hay una obligación política concreta: explicar qué se hizo, qué controles funcionaron y cuáles deben revisarse.

El testimonio de un viajero del AVE 05951 entre Valencia y Madrid describe una inquietud especialmente reveladora: buscar tranquilidad en la posición del coche dentro del convoy e imaginar las posibilidades de sobrevivir a una colisión. Esa percepción no demuestra que el trayecto sea inseguro. Sí ilustra una pérdida de confianza que no se resuelve reclamando serenidad a quien ha comprado un billete.

Recuperarla exige separar cuestiones que fácilmente se confunden. El aspecto envejecido de un vagón, el confort del viaje y el estado de una soldadura de la vía pertenecen a planos distintos. Una tapicería gastada no acredita un mantenimiento deficiente de la infraestructura, del mismo modo que un tren nuevo no garantiza por sí solo la seguridad de la circulación.

También conviene exigir algo más que cifras globales de inversión. Invocar fondos europeos no explica su destino ni permite evaluar su eficacia. La pregunta útil es qué actuaciones financiaron, cómo se supervisaron y qué resultados obtuvieron. Para el ciudadano, la rendición de cuentas consiste en poder relacionar el dinero público con el servicio recibido, no en contemplar anuncios presupuestarios.

Las hipótesis sobre fallos técnicos y humanos deben esclarecerse sin convertirse prematuramente en sentencias. Esa cautela no obliga a suspender el control político: se pueden reclamar documentos, decisiones y explicaciones sin anticipar la causa de un accidente. Investigar y fiscalizar son tareas compatibles, no excusas recíprocas para aplazar respuestas.

Pronosticar a quién votarán los supervivientes desvía ese examen hacia las preferencias de las víctimas. Su voto les pertenece y no necesita justificación. La obligación de quienes gestionan el ferrocarril es otra: responder por sus decisiones con información comprobable, con independencia de cuánto apoyo electoral conserven.

Fuente: elmundo.es · leer el original