La reconstrucción tras la dana debe rendir cuentas por el riesgo que reduce

La reconstrucción tras la dana debe evaluarse por la protección que proporciona, no solo por el dinero que moviliza. Dos años después de la inundación del 29 de octubre de 2024, distinguir entre reparar daños y reducir riesgos es una exigencia de rendición de cuentas: devolver una infraestructura a su estado anterior puede ser necesario sin resultar suficiente.

El recorrido del periodista Héctor Esteban por las zonas afectadas ofrece un ejemplo concreto en Chiva. Según explicó en una entrevista con Luis Herrero, la primera fase de mejora del barranco, con taludes de piedra en los márgenes, está ejecutada. Sin embargo, sigue pendiente la segunda: profundizar tres metros el lecho dentro del casco urbano. Esteban sostiene que esa actuación, proyectada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni siquiera está licitada.

La diferencia importa. Una obra terminada acredita una intervención, pero no demuestra que se haya completado la protección prevista. El balance público debería distinguir las reparaciones realizadas de las actuaciones preventivas pendientes, con responsables y calendarios comprobables. De otro modo, el volumen de actividad puede ocultar precisamente las carencias que más necesitan conocer los vecinos.

También hay que examinar la capacidad de convertir las ayudas en obras. Esteban reconoce que el Gobierno ha enviado importantes cantidades a los ayuntamientos, pero afirma que algunos carecen de funcionarios y técnicos suficientes para gestionarlas y han tenido que devolver parte del dinero. Su propuesta de reforzar la tramitación con equipos específicos apunta a un problema distinto de la falta de financiación: disponer de fondos no equivale a poder utilizarlos.

Eso no justifica eliminar controles sobre el gasto ni prescindir de las garantías ambientales. Obliga a organizar una administración capaz de tramitar las actuaciones. La fiscalización y la ejecución no deberían presentarse como alternativas: ambas forman parte de la responsabilidad de quien administra recursos públicos destinados a proteger viviendas y negocios.

El criterio para exigir cuentas debe ser el mismo a todas las administraciones implicadas. Cuánto dinero se ha enviado, cuánto se ha ejecutado y qué vulnerabilidades siguen pendientes son preguntas diferentes. Una reconstrucción responsable debe responder a las tres; celebrar únicamente la primera deja fuera lo que más importa al ciudadano: la protección que finalmente recibe.

Fuente: Libertad Digital · leer el original