La red de estafas bancarias de la operación Llamada amenazaba de muerte a las víctimas que se resistían

La investigación de la operación Llamada ha documentado amenazas de muerte y de violencia sexual contra víctimas de una red de presuntos estafadores que se hacían pasar por empleados bancarios. Según fuentes de la investigación, la intimidación comenzaba cuando las afectadas desconfiaban o manifestaban su intención de denunciar: los interlocutores les recordaban que conocían su nombre, su dirección y otros datos personales.

Una de las conversaciones recoge cómo un investigado amenazó a una mujer y a su familia después de que ella reclamara la devolución del dinero. La afectada le explicó que su banco había solicitado el reintegro y que necesitaba esa cantidad para pagar el alquiler y otros gastos. La respuesta incluyó amenazas de muerte contra ella y de agresiones contra sus hijos y su marido.

La Sección de Fraude Financiero de la UDEF Central ha detenido a 43 personas y mantiene a 95 bajo investigación. El operativo sigue abierto, con 134 víctimas identificadas y un perjuicio económico de casi 1,2 millones de euros. La mayor pérdida individual detectada asciende a 45.000 euros.

La captación de las víctimas comenzaba con bases de datos de clientes bancarios adquiridas en el mercado negro. Los encargados de seleccionar los objetivos comprobaban dónde tenían sus cuentas y se centraban especialmente en mujeres de 65 años en adelante, a las que consideraban más vulnerables, de acuerdo con los investigadores.

Después enviaban SMS que simulaban alertas de las entidades sobre un posible fraude. Los mensajes aparecían en el mismo hilo que las comunicaciones bancarias anteriores y facilitaban un teléfono de contacto. Al llamar, las víctimas recibían instrucciones para transferir dinero o realizar ingresos en cajeros bajo el pretexto de proteger sus ahorros.

El perjuicio para las afectadas alcanzaba tanto al dinero destinado a sus gastos cotidianos como al uso de su información personal para coaccionarlas. En el caso de la mujer que reclamó el reintegro, los mensajes vinculan expresamente la pérdida económica con sus dificultades para afrontar el alquiler.

La investigación comenzó hace algo más de un año, tras detectarse numerosas denuncias con un patrón similar, y llegó a su fase de explotación en octubre. Una veintena de los detenidos reside en Madrid, donde se practicaron dos registros en viviendas de los presuntos responsables. La información extraída del móvil de otro investigado en Cádiz permitió a los agentes avanzar hasta el núcleo de la trama.

Fuente: abc.es · leer el original