La prevención necesita responsabilidad económica, no solo menos burocracia

La mejor defensa del mercado en la prevención de catástrofes no consiste en declararlo infalible, sino en vincular la capacidad de decidir con la responsabilidad por las pérdidas. Reducir trabas tiene sentido cuando permite proteger mejor a las personas y sus bienes; no basta con contar cuántas normas desaparecen.

Las cifras de Swiss Re ofrecen una medida de lo que está en juego. La reaseguradora estimó en más de 135.000 millones de dólares los importes cubiertos por las aseguradoras globales por catástrofes naturales durante 2024, frente a unas pérdidas económicas totales superiores a 318.000 millones. La distancia entre ambas magnitudes sitúa la protección financiera en el centro del debate.

El seguro aporta un incentivo relevante: quien debe responder económicamente por un siniestro tiene motivos para intentar reducir su probabilidad y su coste. Ese vínculo permite defender que aseguradoras y reaseguradoras dispongan de margen para participar en la prevención, en lugar de quedar relegadas al pago posterior de indemnizaciones.

Pero la brecha de cobertura no demuestra, por sí sola, que las restricciones estatales sean su causa. Atribuirla de forma general a la intervención pública sustituye el examen de cada obstáculo por una conclusión previa. Una crítica liberal resulta más sólida cuando identifica qué prohibición impide qué protección y quién soporta sus consecuencias.

Tampoco conviene confundir el interés por evitar un daño con la garantía de conseguirlo. Que ciudadanos y empresas arriesguen su patrimonio constituye un incentivo poderoso, no una prueba de que todas sus decisiones serán acertadas. La responsabilidad económica importa precisamente porque las decisiones pueden fallar.

El criterio para evaluar una regulación debería ser, por tanto, su contribución a la protección y la responsabilidad que exige a quienes deciden. Una barrera que impida soluciones preventivas útiles merece ser cuestionada; un trámite no queda justificado por llevar un sello oficial.

La alternativa a la burocracia improductiva no es la confianza automática en cualquier decisión privada. Es un marco que deje espacio para competir y prevenir, sin separar la libertad de actuar de la obligación de responder.

Fuente: Libertad Digital · leer el original