La mejor defensa de la Corona no es estética, sino institucional

La mejor defensa de la Corona es su capacidad para preservar una representación común sin participar en la pelea partidista. Su utilidad no depende de la solemnidad de una ceremonia, sino de una conducta: que el jefe del Estado no utilice su posición para dividir a los ciudadanos entre propios y adversarios.

En la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo, Felipe VI insistió en que la democracia no termina en las elecciones y reclamó cuidado para sus formas e instituciones. El argumento importa porque distingue la legitimidad de acceder a un cargo de la responsabilidad de ejercerlo. Ganar unas elecciones no convierte cualquier comportamiento posterior en aceptable.

El contraste con Javier Milei resulta pertinente en ese terreno concreto. Durante su visita a España, el presidente argentino lanzó insultos y acusaciones de corrupción contra Pedro Sánchez. La discrepancia política, incluso la más severa, no necesita ese lenguaje. Quien representa a un país conserva plena capacidad para criticar sin reducir su función a una confrontación personal.

Ahora bien, de ese contraste no se desprende que una forma de Estado garantice mejores conductas que otra. Comparar la contención de Felipe VI con los exabruptos de Milei permite valorar dos maneras de ejercer responsabilidades públicas; no demuestra una superioridad general de los monarcas sobre los presidentes. La exigencia institucional pierde fuerza cuando se aplica por categorías y no por comportamientos.

Tampoco conviene confundir el decoro con la ausencia de conflicto. Una democracia necesita oposición, fiscalización y debates incómodos. Cuidar las formas no puede servir para desautorizar una crítica por resultar molesta al poder. Lo relevante es distinguir la impugnación de decisiones y actuaciones del ataque personal que sustituye los argumentos.

La Corona encuentra aquí una defensa más sólida que el atractivo de sus ceremonias: la renuncia a explotar la confrontación desde una posición representativa. Esa contención merece reconocimiento precisamente porque constituye una obligación, no una concesión. El mejor respaldo a Felipe VI consiste en valorar cómo la cumple y mantener intacto el criterio para juzgarla. El respeto institucional debe ser una exigencia para todos, nunca un privilegio de ninguno.

Fuente: elmundo.es · leer el original