La lección de Gógol: una inspección no sustituye al control cotidiano del poder
En ‘El inspector general’, el temor de los funcionarios revela una administración que ha dejado de servir a los ciudadanos. La sátira permite distinguir entre vigilar a quienes mandan y obligarlos a responder por lo que hacen.
El control del poder fracasa si solo empieza cuando se anuncia la llegada de un inspector. Esa es una lectura fértil de ‘El inspector general’, de Nikolái Gógol: el problema de la ciudad retratada no consiste únicamente en que sus autoridades incumplan sus obligaciones, sino en que la exigencia de explicaciones depende de una intervención exterior y excepcional.
El anuncio de una visita desde San Petersburgo provoca el pánico entre los responsables locales. Hasta entonces, el juez acepta perros de caza como soborno y utiliza los tribunales para criar gansos; el jefe médico abandona a los enfermos y el director de correos lee la correspondencia de los ciudadanos. No son conductas intercambiables: cada una destruye una garantía distinta, desde la imparcialidad judicial hasta la atención sanitaria o la intimidad.
Ahí reside una de las virtudes de la sátira. Gógol convierte el abuso administrativo en acciones concretas, comprensibles sin grandes discursos sobre la decadencia. Un tribunal dedicado a los intereses de su juez deja de estar al servicio de quien necesita justicia. Una carta abierta por el funcionario que debe entregarla transforma un servicio en una intromisión. El perjuicio tiene destinatarios, aunque las autoridades prefieran mirar hacia arriba.
La inspección introduce un freno, pero el miedo al superior no equivale al respeto al ciudadano. Si la preocupación nace únicamente ante la posibilidad de ser descubierto, la obediencia puede quedar reducida a una representación. De ahí que resulte insuficiente identificar la buena administración con la presencia de una autoridad capaz de castigar: también importa ante quién deben responder los funcionarios durante el resto del tiempo.
La utilidad de esta comedia para pensar el poder no exige convertirla en una equivalencia automática con ningún gobierno actual. Su argumento permite formular una exigencia más precisa: que las obligaciones públicas sean verificables de manera habitual y que su incumplimiento tenga consecuencias. Una administración digna de confianza no es la que se sobresalta cuando llega el inspector, sino aquella cuyos ciudadanos no necesitan esperarlo para reclamar sus derechos.
Fuente: abc.es · leer el original
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