La jueza de Urda pide más operarios y trabajo ininterrumpido para retirar los vagones siniestrados

La jueza Aristea Afroditi Ortiz, encargada de investigar el accidente ferroviario de Urda (Toledo), reclamó en una providencia dictada el sábado más operarios y que las tareas de retirada de los vagones se desarrollen de forma ininterrumpida. El siniestro ocurrió el miércoles en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz ha ordenado también la incautación de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren. La Policía Judicial de Toledo deberá encargarse de su custodia para el posterior análisis.

Entre las primeras medidas de protección del escenario, la instructora ha prohibido el acceso de personas ajenas al operativo en un radio de dos kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla, en ambos sentidos. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, los equipos de salvamento y sanidad y el personal judicial son los únicos autorizados judicialmente para permanecer en la zona.

Las restricciones afectan también a la retirada de cualquier elemento relacionado con el accidente y a la toma y difusión de imágenes del área afectada, que la jueza ha prohibido. Estas medidas delimitan el acceso y la actividad de particulares en el lugar donde se conservan las evidencias de la investigación.

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado reforzar el juzgado para que Ortiz pueda dedicarse exclusivamente a esclarecer el accidente. La instructora cuenta además con el asesoramiento de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, cuya creación aprobó la Comisión Permanente del Consejo en 2022.

Esta red presta asistencia técnica a los órganos judiciales que la solicitan, sin sustituir la función jurisdiccional del instructor. Su actividad se complementa con el Protocolo de Actuación Judicial en supuestos de Grandes Catástrofes, actualizado el pasado julio, que organiza la respuesta de la Justicia y la coordinación con otras administraciones.

El protocolo atribuye a las Salas de Gobierno de los territorios afectados la planificación de las medidas de coordinación con los demás poderes públicos y las autoridades de protección civil. Las actuaciones médico-forenses y de policía científica quedan bajo la dirección de la autoridad judicial competente y sujetas a sus instrucciones.

Fuente: elmundo.es · leer el original