La juez de Urda exige más operarios para retirar los vagones sin interrupciones
La falta de personal de la empresa de grúas impidió mantener los trabajos durante la noche del sábado al domingo. La búsqueda se ha reanudado por la mañana para localizar los posibles restos que aún permanezcan entre los trenes.
La juez Aristea Ortiz, que investiga el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha requerido de forma urgente a la empresa de grúas contratada por Adif que aporte los operarios necesarios y organice turnos de relevo para retirar los vagones de manera ininterrumpida. La orden figura en una providencia dictada en la tarde del sábado 31 de octubre.
El requerimiento pretendía garantizar la continuidad de las labores durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Sin embargo, no fue posible por la falta de operarios suficientes de la empresa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Los trabajos se han reanudado este domingo por la mañana.
La magistrada fundamenta la urgencia en la necesidad de localizar todos los posibles restos que podrían encontrarse todavía en el lugar donde permanecen los trenes siniestrados. La zona continúa bajo inspección, con el objetivo de entregar los restos a los familiares de las personas fallecidas lo antes posible.
Ortiz es titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz y se dedicará en exclusiva a esta investigación. La causa continúa bajo secreto de sumario.
La instructora también ha dictado un auto que prohíbe obtener, divulgar o publicar información o imágenes de las víctimas y sus familias susceptibles de provocar su revictimización. La medida busca preservar su intimidad, integridad y dignidad.
Esta protección de los afectados mantiene una excepción: permite difundir los datos necesarios para identificar a las víctimas, según ha precisado el tribunal.
El Centro Integrado de Datos ha comunicado que se ha identificado a 56 de los 69 fallecidos en el siniestro. De esas identificaciones, 51 ya se han notificado a las familias. Las 13 restantes están pendientes de actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional, al tratarse de personas que serían extranjeras.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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