La inversión ferroviaria debe rendir cuentas en seguridad, no solo en millones

La inversión ferroviaria debe juzgarse por su gestión y sus resultados, no por el tamaño de las partidas anunciadas. Recibir fondos públicos no acredita por sí mismo que una infraestructura esté bien mantenida. Tampoco un accidente demuestra automáticamente que esos recursos hayan sido malgastados. Precisamente por eso hacen falta explicaciones comprobables.

Adif ha recibido 6.000 millones de euros de fondos europeos. Esa cantidad obliga a una rendición de cuentas que permita conocer el destino del dinero, las prioridades elegidas y los controles aplicados. El volumen de financiación no puede funcionar como respuesta a las preguntas sobre el estado de la red.

El accidente de Adamuz sitúa esa exigencia en un terreno especialmente doloroso. Diez meses después, sigue pendiente una explicación oficial de lo ocurrido. El respeto a las víctimas exige rigor y prudencia, pero no justifica prolongar la incertidumbre sobre las causas ni sobre las decisiones que deben examinarse.

Conviene separar responsabilidades para poder exigirlas mejor. Determinar por qué falla una vía es una cuestión técnica. Establecer si hubo un delito corresponde a la justicia. Explicar las prioridades de gestión y los mecanismos de supervisión incumbe a los responsables políticos. Ninguno de esos planos debería utilizarse para cancelar los otros.

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, tiene una obligación política de explicación que no depende de que exista una condena penal. A la inversa, reclamar esa explicación no autoriza a dar por demostrada una negligencia ni a atribuir el siniestro a la corrupción.

Para el ciudadano, la cuestión no se reduce al presupuesto: importa qué seguridad recibe a cambio de los recursos públicos y cómo puede comprobar que se utilizan correctamente. La transparencia permite evaluar decisiones; la confrontación partidista solo ofrece adhesiones o rechazos.

La salida no consiste en elegir entre defender al Gobierno o condenarlo de antemano. Consiste en exigir una explicación técnica y una rendición de cuentas sobre la gestión. Los millones recibidos son el comienzo de esa obligación, nunca su cumplimiento.

Fuente: elmundo.es · leer el original