La historia de España no debe repartir carnés de pertenencia

La pertenencia a España no debería depender de aprobar un examen de adhesión a su pasado. Ni de celebrarlo entero ni de repudiarlo por sistema. La ciudadanía no es una genealogía. Tampoco una confesión histórica. Convertir una interpretación de siglos de conflictos en requisito de legitimidad política significa conceder a alguien una potestad extraordinaria: decidir quién pertenece de verdad a la comunidad.

Mitos y disputas en la historia de España, publicado por Catarata y coordinado por Antonio Rivera y Sisinio Pérez-Garzón, reúne a 34 historiadores para examinar la construcción de esos relatos. Entre sus asuntos figura el papel de los manuales escolares cuando, durante el siglo XIX, el Estado asumió la alfabetización y la formación de una lealtad nacional por encima de otras pertenencias. La obra aborda también los vacíos de las narraciones nacionales, desde la presencia de los gitanos hasta la historia de las mujeres.

Ese origen plantea una distinción liberal decisiva. Enseñar a leer amplía la autonomía del ciudadano; indicarle qué debe sentir al leer puede reducirla. Ambas tareas pueden viajar en el mismo manual, pero no son equivalentes. La educación histórica merece recursos y exigencia precisamente porque debe permitir discutir el relato recibido, incluido el que resulte más conveniente para quien paga la imprenta.

La respuesta tampoco consiste en sustituir una identidad obligatoria por otra. Incorporar experiencias relegadas mejora el conocimiento; convertirlas en un nuevo criterio de pureza política reproduciría el problema. Nadie hereda una culpa por nacimiento. Nadie obtiene una autoridad moral por apellido. Los derechos individuales no necesitan que un historiador expida certificados de inocencia a nuestros antepasados.

Esto no convierte todas las versiones en igualmente válidas. La libertad de interpretación no deroga las pruebas. Un archivo puede desmentir una afirmación, y un argumento debe responder a las objeciones. Lo que no puede resolver una investigación es cuánto patriotismo debe sentir cada lector ante sus resultados. Ese territorio pertenece a su conciencia.

La utilidad cívica de la historia está, por tanto, en formar ciudadanos capaces de juzgar, no comunidades obligadas a reconocerse en una sola narración. Podemos discutir sobre el pasado sin convertir la discrepancia en una expulsión simbólica del país. España no necesita unanimidad retrospectiva para sostener una convivencia libre. La ciudadanía se comparte; la conciencia no se nacionaliza.

Fuente: elmundo.es · leer el original