El votante no es el corrector del pacto de PP y Vox

PP y Vox deben asumir el coste de su pacto para el Senado sin convertir la disciplina del elector en una obligación política. La libertad de voto incluye elegir mal para los intereses de un partido. También incluye rechazar a su socio. La papeleta no pertenece a las siglas.

Ambas formaciones alcanzaron su acuerdo cuando había terminado el plazo para constituir coaliciones y recurrieron a distintas fórmulas de coordinación. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores, pero cada ciudadano puede marcar únicamente tres candidatos. En una de las modalidades pactadas, el PP mantiene su candidatura completa y Vox presenta la suya, con la expectativa de que sus electores apoyen también a candidatos populares. Ese reparto deja a un aspirante del PP sin el refuerzo previsto para sus compañeros. En otras circunscripciones hay candidaturas compartidas o no existe coordinación.

El problema no es que hayan renunciado a una coalición general. Preservar una identidad política puede ser una decisión razonable, incluso cuando cuesta escaños. Un partido no está obligado a diluir su programa para mejorar una cuenta. Pero tampoco puede ofrecer simultáneamente la separación de marcas y las ventajas de una unidad que no ha construido. La ambigüedad también tiene precio.

Hay una diferencia esencial entre recomendar el voto y darlo por transferido. Quien prefiere al PP no ha autorizado por ello a Vox a representarlo. La inversa vale exactamente igual. Un acuerdo entre direcciones organiza candidaturas; no transmite la propiedad de los electores. Ninguna firma puede hacerlo.

Tampoco bastaría una derrota para demostrar que faltó generosidad ciudadana. El cálculo electoral descansa sobre una hipótesis: que los apoyos de partidos distintos puedan sumarse sin pérdidas. Pero el rechazo a una alianza también expresa una preferencia legítima. No es un error del sistema ni una avería del votante.

La exigencia liberal no consiste en reclamar una derecha unificada a cualquier precio. Consiste en que cada formación haga comprensible su oferta y acepte las consecuencias de sus decisiones. Si opta por conservar autonomía, debe aceptar que sus electores conserven la suya. El pacto es de los partidos. El voto sigue siendo del ciudadano.

Fuente: elmundo.es · leer el original