La Fiscalía Europea investiga contratos de seguridad y comunicaciones del AVE Madrid-Sevilla

La Fiscalía Europea examina las adjudicaciones y la ejecución de contratos de Adif para renovar la seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, escenario de los accidentes mortales de Adamuz y Urda. Entre los expedientes figura el contrato de 94 millones de euros para sustituir el sistema de seguridad LZB por el ERTMS, recomendado por Bruselas.

Adif adjudicó ese encargo en octubre de 2021 a Thales, actualmente Hitachi Rail. La financiación prevista inicialmente procedía del fondo Feder, pero después se trasladó a los fondos Next Generation con el compromiso de terminar los trabajos en febrero de 2026.

Antes de dimitir como ministro de Transportes, Óscar Puente reconoció que la sustitución acumularía un retraso de 12 meses. Defendió que el LZB era tan seguro como el nuevo sistema y relativizó la demora. Las reglas de estos fondos europeos exigían culminar la ejecución en 2026.

La adjudicación también será objeto de examen. Thales presentó una oferta un 28% inferior a la de sus competidores, cuestionada inicialmente por una posible baja temeraria. La empresa justificó que podía realizar el trabajo por ese importe y obtuvo el contrato. La Fiscalía analizará si hubo fraude tanto en la adjudicación como en la ejecución, además del mantenimiento durante la transición entre ambos sistemas.

La estimación del Tribunal de Cuentas sitúa en 261,6 millones de euros los fondos Next Generation asignados a Adif para proyectos de renovación de esta línea en los últimos años. Son recursos públicos destinados a infraestructuras que utilizan los viajeros; esa cifra corresponde a la financiación asignada, no a un importe de fraude acreditado.

La investigación abarca también los contratos de radiotelefonía GSM-R. Según Adif, este sistema permite mantener al maquinista en contacto permanente con el Centro de Regulación de la Circulación y complementa los equipos de señalización.

La UCO ha requerido documentación en Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Las pesquisas europeas discurren en paralelo a la investigación judicial sobre el accidente del 28 de octubre cerca de Urda, en Toledo, donde murieron 69 personas.

El Gobierno ha defendido la certificación de las inversiones. La ministra de Ciencia, Diana Morant, expresó en TVE su expectativa de que la investigación no condujera a nada y sostuvo que todas las inversiones comprometidas ante la Unión Europea habían sido certificadas y habían dado lugar a los correspondientes desembolsos.

Fuente: elmundo.es · leer el original