La dimisión de Martín exige rendición de cuentas, no profecías electorales

La dimisión de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid debe examinarse por lo que revela sobre el ejercicio de una responsabilidad pública, no como un anticipo del resultado electoral. Su proximidad a Pedro Sánchez da relevancia política a la ruptura, pero no convierte una decisión individual en un veredicto de las urnas.

Martín llegó a la Delegación en marzo de 2023, después de haber sido secretario general de la Presidencia del Gobierno. También había presidido Bancal de Rosas, la organización que recaudó fondos para la candidatura de Sánchez a las primarias socialistas de 2017. No se marcha, por tanto, un cargo ajeno al recorrido político del presidente, sino alguien que participó en él desde posiciones de confianza.

Las fuentes de la Delegación han explicado su renuncia por la ausencia de condiciones para continuar ejerciendo su responsabilidad. Esa explicación deja abierta la cuestión políticamente importante: qué condiciones necesita un delegado del Gobierno para cumplir sus funciones y cuáles considera que han desaparecido. Los ciudadanos merecen una respuesta referida al cargo, no únicamente a las relaciones entre dirigentes socialistas.

El PSOE no ha incluido a Martín en sus listas madrileñas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre. La exclusión y la dimisión permiten discutir el deterioro de su posición política. No permiten, por sí solas, establecer qué resultado electoral espera ni atribuir al conjunto del partido un mismo pronóstico.

Hay además una distinción institucional que conviene defender: una delegación del Gobierno no es una compensación por los servicios prestados a un líder, ni un escaño debería funcionar como salida profesional garantizada. La confianza política forma parte de estos nombramientos; la obligación de responder por la gestión no puede quedar subordinada a ella.

Por eso, el debate no debería agotarse en quién se adelantó a quién, si Martín al dimitir o Sánchez al prescindir de él en las candidaturas. Medir toda salida como una victoria o una derrota personal del presidente acaba aceptando que la Administración es una prolongación de su autoridad partidista.

La exigencia liberal en este caso es más concreta que una predicción sobre el futuro del PSOE: explicar la renuncia y separar las responsabilidades institucionales de las recompensas internas. La suerte electoral de Sánchez corresponde decidirla a los votantes; las explicaciones sobre un cargo público no deberían esperar a ese resultado.

Fuente: Libertad Digital · leer el original