La convivencia no puede exigir una ideología compartida

La convivencia democrática debe proteger al discrepante, no convertirlo. Su prueba más exigente no consiste en descubrir que quienes parecían enemigos compartían en realidad una misma causa, sino en reconocerles derechos aunque sigan defendiendo proyectos incompatibles. Esa distinción permite extraer una lección liberal de un episodio de la Revolución de Asturias de octubre de 1934 sin transformar la historia en una herramienta de clasificación moral del presente.

Un mes después de aquellos acontecimientos, José Bergamín publicó el testimonio del jurista liberal Alfredo Mendizábal. Durante una semana, este había compartido refugio en Oviedo con otros 15 burgueses y un grupo de revolucionarios armados. Mientras las fuerzas gubernamentales sitiaban la ciudad, los refugiados soportaban los bombardeos y la falta de agua, pan y luz. Mendizábal destacó la generosidad de aquellos milicianos, que arriesgaban la vida para conseguir alimentos destinados también a los civiles desarmados.

El valor del relato está en esa conducta concreta. Auxiliar a quien se encuentra indefenso merece reconocimiento sin necesidad de aprobar el programa político de quien lo auxilia. Del mismo modo, reconocer ese acto no obliga a justificar la insurrección ni a dar por legítima cualquier respuesta gubernamental. El juicio sobre una acción humana y el juicio sobre una causa política no son intercambiables.

Tampoco hace falta atribuir a aquella solidaridad una identidad económica compartida para comprender su importancia. La ayuda entre personas enfrentadas no demuestra por sí sola ni el fracaso del mercado ni la superioridad de un proyecto revolucionario. Convertirla en una prueba doctrinal reduce precisamente lo más valioso del episodio: la posibilidad de tratar al otro como una persona antes que como representante de una clase o un bando.

La exigencia para un liberal o un conservador no debería ser adoptar la interpretación histórica de la izquierda, como tampoco debería exigirse a esta que renunciara a sus convicciones. El compromiso común ha de situarse en otro terreno: rechazar la violencia política, limitar el poder y defender garantías que también amparen a los adversarios. Una libertad reservada a los propios deja de ser una garantía para convertirse en un privilegio.

La memoria de Mendizábal resulta útil si ensancha ese compromiso, no si sirve para repartir certificados de legitimidad entre las familias políticas actuales. La fraternidad puede aparecer en circunstancias extremas; la tarea democrática consiste en no depender de ella. Necesitamos reglas que permitan discrepar con seguridad incluso cuando no haya simpatía, afinidad ni un horizonte ideológico compartido.

Fuente: elpais.com · leer el original