La confianza institucional exige resultados, no discursos más complejos

La confianza en las instituciones no se recupera pidiendo al ciudadano que acepte explicaciones más complejas, sino ofreciéndole resultados y responsabilidades identificables. Frente a la simplificación política, la respuesta democrática no puede consistir en convertir la dificultad de los problemas en una excusa para quienes deben resolverlos.

La crisis de la vivienda, el mal funcionamiento de los trenes de cercanías y el aumento del coste de vida dan contenido concreto al malestar. No son únicamente problemas de percepción o de consumo acelerado de información. Para quien encuentra obstáculos para acceder a una casa o desplazarse, la calidad institucional se mide también en su experiencia cotidiana. Defender las instituciones exige tomarse en serio ese examen.

El insulto no aporta soluciones a esas dificultades. Las descalificaciones de Javier Milei contra Pedro Sánchez o las de Donald Trump contra periodistas ilustran una forma de confrontación que sustituye la discusión de decisiones por el ataque personal. Su capacidad para atraer atención no demuestra la eficacia de ninguna propuesta. Tampoco permite al elector comparar costes, prioridades o alternativas.

Pero sería un error plantear la elección entre políticos que insultan y políticos que explican la complejidad. Un discurso sofisticado puede eludir responsabilidades tanto como una consigna. La diferencia relevante está entre quien permite contrastar sus compromisos y quien reclama adhesión sin someterse a comprobación. La claridad del lenguaje es una virtud democrática; la falsificación de los problemas, no.

Por eso, una respuesta liberal al descrédito institucional debe reclamar compromisos comprensibles, explicaciones sobre su cumplimiento y control del poder. Reconocer que una solución tiene límites no exime de justificar las decisiones adoptadas. Y exigir resultados no equivale a reclamar remedios instantáneos: significa rechazar que la responsabilidad se disuelva en una dificultad permanente.

Las instituciones merecen una defensa exigente, no una protección frente a la crítica. Combatir la política del insulto y fiscalizar a quienes gobiernan son tareas compatibles. La confianza será más sólida cuando el ciudadano pueda evaluar lo que el poder hace, en lugar de tener que escoger qué relato creer.

Fuente: elpais.com · leer el original