La confianza democrática se recupera con controles, no con unanimidad
Pedir cohesión no basta para devolver credibilidad a las instituciones. La tarea es hacer que el poder responda por sus resultados y acepte la fiscalización, también cuando resulte incómoda.
La confianza democrática debe ser el resultado de un poder sometido a controles, no una obligación que se impone a los ciudadanos. Invertir ese orden lleva a un error: interpretar el descontento como un problema de adhesión colectiva cuando puede expresar una exigencia razonable de mejores resultados y explicaciones.
El CIS sitúa la desconfianza interpersonal en España en el 55%. Ese dato invita a reflexionar sobre la convivencia, pero confiar en los demás y confiar en una institución son cosas distintas. Una democracia no puede exigir que el ciudadano atribuya buenas intenciones a quienes gobiernan. Debe permitirle comprobar qué hacen, discutir sus decisiones y exigir responsabilidades sin que esa vigilancia se considere una amenaza.
La distancia entre los indicadores económicos y las posibilidades individuales ofrece un terreno concreto para esa evaluación. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, solo el 14,5% de las personas de entre 16 y 29 años consigue independizarse, pese al crecimiento del PIB y del empleo. El progreso agregado merece reconocimiento; también merece examen su capacidad para ampliar la autonomía personal. Ninguna apelación a la confianza sustituye esa evaluación.
Tampoco conviene identificar la salud institucional con la ausencia de conflicto. Un estudio del Banco de España vincula la polarización con una reducción de la inversión productiva. Combatir esa dinámica no exige borrar las alternativas políticas: exige distinguir entre disputar una política y negar al adversario el derecho a defender otra. El acuerdo puede ser útil, pero no acredita por sí solo la calidad de una decisión.
Desde una perspectiva liberal, la respuesta pasa por instituciones que funcionen sin depender de la afinidad entre sus responsables. La oposición debe fiscalizar; los jueces, resolver con independencia; y el Gobierno, explicar sus decisiones y someterse a los límites de su cargo. La discrepancia entre poderes no demuestra por sí misma un deterioro: puede ser precisamente la expresión de que los contrapesos cumplen su función.
La cohesión más sólida no consiste en compartir un diagnóstico político, sino en aceptar reglas que protejan también a quien disiente. Recuperar credibilidad exige resultados comprobables y responsabilidades identificables. La confianza será más resistente cuando el ciudadano sepa que no necesita confiar ciegamente en nadie para que sus derechos estén a salvo.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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