La comunidad debe indemnizar al propietario de un local por los daños que causen las obras comunes
La compensación puede incluir tanto los desperfectos como las ganancias perdidas durante el cierre del negocio. La Ley de Propiedad Horizontal reconoce ese derecho al propietario, mientras que el inquilino debe revisar su situación particular.
El propietario de un local está obligado a permitir las reparaciones necesarias para el servicio del edificio, pero tiene derecho a que la comunidad le resarza por los daños y perjuicios que le ocasionen. Así lo establece el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que también exige facilitar la entrada al inmueble para realizar esas actuaciones.
Para quien tiene un negocio, la indemnización no se limita al coste de reparar los desperfectos. El artículo 1106 del Código Civil incluye tanto la pérdida sufrida como la ganancia que se haya dejado de obtener. Ese marco permite reclamar lo que el negocio haya dejado de ganar durante el cierre provocado por las obras.
La obligación de compensar corresponde a la comunidad, representada por su presidente tanto ante los tribunales como fuera de ellos. El derecho recogido en el artículo 9 pertenece al propietario: si la tienda o el restaurante lo explota un inquilino, este debe revisar su caso con asesoramiento jurídico.
Estas reglas corresponden al régimen civil común. Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia y Baleares tienen derecho civil propio, que puede modificar la solución aplicable.
El deber de indemnizar convive con la obligación de ejecutar determinadas obras. El artículo 10 de la LPH establece que las actuaciones necesarias para conservar el edificio y sus instalaciones comunes, incluidas las exigidas por seguridad, habitabilidad y accesibilidad, son obligatorias sin acuerdo previo de la junta. Los propietarios las pagan y la junta decide el reparto y el abono de la derrama.
El origen del daño también determina a quién se reclama. Si una fuga procede del piso de un vecino o de sus instalaciones privativas, ese propietario responde de los perjuicios causados por su descuido. Esa regla no se aplica cuando la fuga tiene su origen en un elemento común, como una bajante. Por otra parte, el artículo 1902 del Código Civil obliga a reparar el daño causado con culpa o negligencia.
Las intervenciones de mayor alcance tienen límites específicos. Para dividir pisos o alterar la estructura del edificio, el artículo 10 exige el consentimiento de los propietarios afectados, con quienes la junta fija la indemnización. En las mejoras no obligatorias, el artículo 17 impide realizar innovaciones que hagan inservible una parte del edificio para un propietario sin su consentimiento expreso.
Cuando el perjuicio procede de un acuerdo de la junta, el artículo 18 permite impugnarlo, entre otros supuestos, si causa un daño grave que el propietario no tenga obligación de soportar. Pueden hacerlo quienes salvaron su voto, los ausentes y quienes fueron privados indebidamente de votar. Deben estar al corriente de las deudas vencidas con la comunidad o consignarlas previamente en el juzgado.
El plazo para impugnar es de tres meses, o de un año si el acuerdo vulnera la ley o los estatutos; para los ausentes cuenta desde su comunicación. La impugnación no suspende la ejecución salvo decisión cautelar del juez. Estos plazos son distintos de los de indemnización: el artículo 9 no fija uno propio y, si se reclama por culpa o negligencia, el artículo 1968 del Código Civil establece un año desde que el perjudicado conoció el daño.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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