La Comunidad de Madrid denunciará a Francisco Martín por no desalojar la acampada de Sol

La Comunidad de Madrid presentará una denuncia penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el anterior delegado del Gobierno, Francisco Martín, por no actuar ni desalojar la acampada de la Puerta del Sol. El Ejecutivo regional considera que esa actuación podría constituir prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

La denuncia se refiere a presuntas agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno autonómico sostiene que se están cometiendo delitos de forma continuada en la acampada.

La iniciativa se suma a la anunciada esta semana por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión plenaria. En respuesta a la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, el alcalde afirmó que el Ayuntamiento interpondrá una denuncia penal contra Martín cuando finalice el plazo del requerimiento administrativo remitido a la Delegación del Gobierno.

Almeida defendió que el Consistorio había impuesto más de 200 sanciones y trasladado a la Delegación los problemas registrados en la plaza. En su requerimiento, el Gobierno municipal reprochaba la falta de actuación ante una concentración que, según sostenía, no había sido comunicada ni autorizada.

El conflicto afecta al uso del espacio público y al ejercicio del derecho de reunión. La Abogacía General de la Comunidad argumentó en un recurso previo que la acampada excedía los límites constitucionales y legales de ese derecho y suponía una ocupación ilegal.

Ese recurso contencioso-administrativo fue presentado después de que expirara el plazo de 48 horas concedido a la Delegación para adoptar medidas. Incorporaba un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español que recogía daños en dos bienes de interés cultural: la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño. La Comunidad sostuvo que esos daños podrían constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural y reclamó la intervención de la Administración del Estado en virtud de sus competencias.

Fuente: Libertad Digital · leer el original