La competencia ferroviaria necesita una rendición de cuentas sobre la red

La competencia ferroviaria necesita una rendición de cuentas sobre la infraestructura, no una discusión que obligue a escoger entre billetes asequibles y seguridad. La responsabilidad de gestionar la red debe examinarse por sus decisiones y sus resultados. Ni la titularidad pública garantiza por sí sola una conservación adecuada ni la presencia de operadores privados demuestra que se haya sacrificado la protección del viajero.

La distinción institucional es decisiva: la apertura afecta al transporte de pasajeros, mientras Adif, una empresa íntegramente estatal, gestiona la infraestructura y la circulación. Además, adjudica capacidad a los operadores y les cobra un canon. Por ello, discutir cuántos trenes utilizan las vías exige preguntar también bajo qué condiciones se autoriza ese uso y cómo se atienden sus necesidades de mantenimiento.

Juan Ramón Rallo atribuye a Adif los fallos que describe en los accidentes mortales de Urda y Adamuz. En su relato, el primero implicó una caída del sistema de seguridad LZB y una autorización del centro de control para que un AVE reanudara la marcha cuando un tren de Iryo seguía detenido más adelante; en el segundo, señala la rotura de un carril. Son atribuciones que sitúan el foco en funciones concretas del gestor, pero no deben transformarse en una resolución de responsabilidades.

El argumento presupuestario también merece examen. Rallo sostiene que el gasto real de mantenimiento por viajero-kilómetro ha descendido un 53% desde 2011 y que, medido por tren-kilómetro, ha caído un 34% desde 2016. Ambas magnitudes justifican exigir explicaciones, aunque miden relaciones distintas: transportar pasajeros y hacer circular trenes no son unidades intercambiables. Una ratio de gasto tampoco determina por sí sola la causa de un accidente.

La exigencia política debería ser concreta: que el gestor explique cómo relaciona la capacidad que adjudica con la conservación y la gestión del tráfico, y que el Ministerio de Transportes responda por su supervisión. Invocar el aumento de usuarios como éxito comercial no puede cerrar esa discusión, del mismo modo que invocar la competencia como culpable no puede reemplazarla.

Para el viajero, la libertad de elegir operador y la seguridad deben ser exigencias simultáneas. Defender un mercado abierto supone reclamar también un gestor sometido a controles efectivos. La posición liberal más sólida no consiste en absolver de antemano al mercado y condenar al Estado, sino en impedir que cualquier responsable eluda el examen de las decisiones que le corresponden.

Fuente: abc.es · leer el original