La competencia ferroviaria exige un gestor de infraestructuras que rinda cuentas

La competencia ferroviaria necesita una gestión de la infraestructura sometida a exigencias verificables de seguridad y rendición de cuentas. Atribuir un accidente a la presencia de varios operadores antes de conocer sus causas sería tan equivocado como invocar la liberalización para eludir las obligaciones de Adif y del Ministerio de Transportes.

El choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, exige empezar por una distinción esencial: atender a las víctimas, esclarecer las causas y examinar la gestión pública son obligaciones compatibles, pero no intercambiables. Adif ha confirmado el alcance entre los dos trenes y la interrupción de la circulación. La causa del siniestro sigue pendiente de aclaración.

La responsabilidad técnica no puede decidirse mediante una conclusión política anticipada. Las hipótesis sobre la señalización o la actuación del maquinista deben contrastarse antes de atribuir culpas. Tampoco cabe presentar la saturación de la red como explicación demostrada del choque. Una investigación útil debe determinar la secuencia del accidente y el funcionamiento de las barreras destinadas a impedirlo.

Eso no obliga a suspender el escrutinio institucional. Los expertos participantes en unas jornadas del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid señalaron problemas de saturación y descoordinación entre los operadores y Adif. Esas advertencias justifican exigir respuestas concretas sobre cómo se asigna la capacidad disponible y cómo se tramitan las observaciones de seguridad, sin convertirlas por ello en un dictamen sobre Urda.

El debate sobre la liberalización debería partir de ahí. Que distintas compañías utilicen una infraestructura común no diluye las obligaciones de cada una ni reduce las del gestor. La competencia puede ser una opción de organización del servicio; la coordinación de la circulación no puede quedar a la voluntad de las empresas. Requiere reglas comunes y responsabilidades identificables.

Para el viajero, la posibilidad de elegir compañía no sustituye la garantía de que el sistema funciona con seguridad. Y para el contribuyente, exigir explicaciones no consiste únicamente en reclamar un relevo: supone conocer qué decisiones se adoptaron, con qué criterios y qué correcciones resultan necesarias.

El Gobierno debe responder por su gestión sin anticipar las conclusiones técnicas, y los operadores deben responder por las obligaciones que les correspondan. Defender un ferrocarril abierto a la competencia exige precisamente eso: no menos control sobre la infraestructura común, sino responsabilidades más claras y una rendición de cuentas que no se agote en el intercambio de acusaciones.

Fuente: elmundo.es · leer el original