La ciudadanía no pertenece a ninguna marca electoral

Los partidos pueden disputar la representación de los ciudadanos, pero no la propiedad simbólica de la ciudadanía. Esa diferencia ofrece un criterio para examinar sus mensajes electorales: una campaña legítima busca convencer al discrepante, no convertirlo en alguien ajeno a la comunidad que pretende gobernar.

El PSOE vincula su campaña a la fuerza de la gente y utiliza también el amor como reclamo. Apelar a un sentimiento compartido puede ser eficaz, pero no resuelve la cuestión política fundamental: qué decisiones se proponen y cómo afectarán a quienes no las apoyan. La identificación emocional con una candidatura no concede a sus votantes una condición ciudadana superior.

Vox sitúa la prioridad nacional en el centro de su mensaje. Defender una determinada concepción del interés nacional forma parte de la competencia democrática. Lo que debe permanecer abierto es precisamente la discusión sobre ese interés: ninguna sigla puede dar por supuesto que su definición agota las aspiraciones legítimas del país. Discrepar de un partido no equivale a desentenderse de la nación.

El problema adopta otra forma cuando el PP presenta el cambio como un momento que finalmente llega y Frente Amplio anuncia que ha llegado la hora. El paso del tiempo puede explicar un deseo de alternancia, pero no constituye un título para gobernar. A quien aspira al poder le corresponde justificar su propuesta, no presentar su llegada como el cumplimiento de un turno pendiente.

Podemos recurre a la paz, la vivienda y el trabajo, asuntos más identificables. Esa concreción facilita formular preguntas, aunque tampoco las contesta por sí sola. Nombrar una necesidad no permite deducir la eficacia de una solución. El debate empieza al explicar instrumentos, costes y límites, no termina al elegir objetivos deseables.

No hace falta expulsar la emoción de las campañas. Hace falta impedir que sustituya el examen de las propuestas o establezca jerarquías de pertenencia. El ciudadano conserva su libertad de juicio cuando puede rechazar una oferta electoral sin que nadie cuestione por ello su lugar entre la gente o dentro de la nación.

Fuente: elmundo.es · leer el original