La Audiencia Nacional avala investigar a Zapatero por un supuesto tráfico de influencias en Bolivia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado la decisión del juez José Luis Calama de investigar una supuesta intervención de José Luis Rodríguez Zapatero ante las autoridades de Bolivia para favorecer al grupo peruano Gloria. El tribunal rechaza que estas pesquisas constituyan una investigación prospectiva y permite mantenerlas dentro de la instrucción.

La UDEF atribuye al expresidente el presunto cobro de una comisión de 200.000 euros a cambio de influir en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Según el informe policial, la operación perseguía que el Estado boliviano perdonase una deuda de 107 millones de dólares a la empresa peruana.

La defensa de Zapatero, encabezada por el abogado Víctor Moreno Catena, recurrió la inclusión de estos hechos al considerar que estaban completamente desvinculados de la causa principal. Sostuvo que los investigadores habían excedido el objeto de la instrucción y vulnerado los derechos fundamentales del expresidente.

El auto rechaza ese planteamiento. La sala explica que los investigadores encontraron indicios de la operación mientras examinaban otras supuestas actividades ilícitas. Las comunicaciones localizadas en dispositivos intervenidos durante el registro del despacho de Zapatero aportaron nuevos datos que apuntaban a un posible tráfico de influencias ante las autoridades bolivianas.

Para el tribunal, el análisis de los pagos efectuados a nombre de FOCUS al expresidente no equivale a un examen general e indiscriminado de su vida en busca de delitos desconocidos. La resolución sostiene que las indagaciones partieron de información obtenida legítimamente y que existía una apariencia de conexión con los hechos investigados.

La decisión permite continuar las pesquisas, pero no declara acreditada la comisión del delito. La sala contempla que, si los hechos llegan a probarse, podrían atribuirse a la organización inicialmente investigada o tratarse de una actividad particular del expresidente, solo o junto a otras personas ajenas a ella.

El trasfondo del caso Plus Ultra es la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea en 2021 a través del fondo de solvencia gestionado por la Sepi. El Gobierno defendió aquel rescate, cuestionado por varias formaciones y organizaciones por las dudas sobre el carácter estratégico de la compañía.

La Audiencia rechaza también que los investigadores hayan actuado con temeridad y considera ajustadas a derecho las indagaciones de la UDEF sobre los pagos de FOCUS.

Fuente: Libertad Digital · leer el original