La vivienda no compra libertades ni la memoria excusa al Gobierno
La política de vivienda debe juzgarse por sus resultados y por el respeto a los derechos. Convertirla en un duelo entre Sánchez y Franco permite eludir ambas exigencias.
Una vivienda no compensa la falta de libertad, y condenar una dictadura no acredita una buena política de vivienda. Ambas cosas deberían resultar evidentes. Sin embargo, enfrentar a Sánchez con Franco convierte una necesidad presente en un concurso de legitimidades históricas. El ciudadano necesita una casa. No un vencedor retrospectivo.
Inocencio F. Arias plantea esa comparación al reprochar a Sánchez el incumplimiento de sus promesas de vivienda y contraponer su balance con las construcciones realizadas bajo el franquismo. También reivindica las ayudas de aquella etapa para acceder a casas y tierras, así como la protección de determinados arrendatarios. Su argumento busca desmontar una condena del régimen que, a su juicio, omite esas actuaciones.
Reconocer una obra pública no obliga a rehabilitar el sistema político que la ejecutó. Pero tampoco sirve para establecer una superioridad que borre la ausencia de libertades. Las casas no votan. Quienes las habitan deberían poder hacerlo. La defensa liberal de la democracia consiste precisamente en rechazar que el bienestar material sea una moneda con la que comprar obediencia.
La exigencia funciona también en sentido contrario. Un Gobierno democrático no puede presentar su distancia moral respecto de una dictadura como sustituto del cumplimiento de sus compromisos. Esa distancia es indispensable, pero no entrega llaves. Las promesas de vivienda deben examinarse por lo que finalmente permiten hacer a los ciudadanos, no por la identidad del adversario elegido para el debate.
Además, presentar las casas como dádivas del gobernante desfigura la relación entre poder y contribuyente. La ayuda pública no sale del patrimonio personal de quien manda. Tampoco convierte al beneficiario en deudor político. Financiar vivienda exige justificar el uso de recursos ajenos; regularla exige respetar los derechos de propietarios e inquilinos, no repartir credenciales de virtud.
Ese es el criterio que merece conservarse: resultados comprobables, derechos protegidos y cuentas exigibles. Sin indulgencias para el autoritarismo ni refugios históricos para la gestión presente. Ni gratitud al dictador ni indulgencia al presidente.
Fuente: abc.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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