La Audiencia confirma siete años de inhabilitación al exalcalde socialista de Carboneras por adjudicar obras sin licitación
Cristóbal Fernández encargó a dos empresas la sustitución del alumbrado del paseo marítimo sin expediente de contratación. El Ayuntamiento tuvo que devolver una subvención de 295.309 euros más intereses por las irregularidades.
La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena a siete años de inhabilitación para cargo o empleo público del exalcalde socialista de Carboneras Cristóbal Fernández por un delito de prevaricación administrativa. La resolución, dictada a principios de noviembre, rechaza su recurso de apelación y considera acreditado que adjudicó las obras del alumbrado del paseo marítimo prescindiendo del procedimiento de contratación.
Las claves
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La actuación quedó formalizada mediante una resolución de Alcaldía del 8 de septiembre de 2008, en la que se aprobó la sustitución del alumbrado del paseo marítimo por un importe de 492.182,65 euros.
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Indasa Almería SL facturó 360.937,23 euros, mientras que Instalaciones Moreno y Gañid SL giró facturas por otros 134.982,51 euros.
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La actuación había contado con una subvención de la Junta de Andalucía por importe de 295.309 euros.
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Los hechos se remontan a 2008. Mediante una resolución de Alcaldía del 8 de septiembre, Fernández aprobó la sustitución del alumbrado por un presupuesto de 492.182,65 euros. El acuerdo establecía que el Ayuntamiento ejecutaría los trabajos con sus propios medios, pero estos terminaron en manos de Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL.
Según la sentencia, la contratación de ambas empresas se realizó sin expediente administrativo ni licitación que permitiera participar a otros posibles interesados. Indasa Almería SL facturó 360.937,23 euros e Instalaciones Moreno y Gañid SL, otros 134.982,51 euros. Las dos cantidades se abonaron con fondos municipales.
El coste para las arcas locales incluyó también el reintegro de la ayuda autonómica concedida para la actuación. La Junta de Andalucía ordenó devolver los 295.309 euros de subvención, además de los intereses, por las irregularidades y la falta de justificación formal. El Ayuntamiento tuvo que afrontar esa devolución.
Los magistrados consideran que Fernández sabía que su decisión contravenía el ordenamiento jurídico. La resolución concluye que impuso su voluntad sobre los intereses generales del Ayuntamiento y los derechos de otras empresas que podrían haber optado a ejecutar las obras.
En su recurso, el exregidor cuestionó la valoración de las pruebas realizada en primera instancia. La Sección Segunda de la Audiencia no aprecia errores que justifiquen modificar la condena. Entre los elementos determinantes figura el informe del secretario municipal, que acreditó la ausencia de un expediente administrativo para ejecutar los trabajos.
La Audiencia ratifica así el fallo del Tribunal de Instancia, Sección Penal 1 de Almería, por la adjudicación efectuada durante el mandato de Fernández, que estuvo al frente del Ayuntamiento entre octubre de 2007 y junio de 2011.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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