La Asociación de Diplomáticos denuncia la falta de medios consulares y reclama sustituir el reglamento de 1955

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha denunciado la insuficiencia de recursos del servicio consular y la persistencia de un reglamento aprobado el 15 de julio de 1955. Su presidente, Alberto Virella, centró su intervención en una jornada sobre el servicio exterior en la necesidad de sustituir una norma que, según sostuvo, no responde a las exigencias de una Administración moderna, digitalizada y sujeta al Estado de derecho.

Virella señaló que el reglamento no ha sido derogado íntegramente pese a que contiene capítulos declarados formalmente inconstitucionales. Durante el encuentro se repasaron los intentos fallidos de renovación: en 2014 se aprobó un nuevo texto, pero los tribunales lo anularon por un defecto formal tras prosperar un recurso.

Posteriormente, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, otro proyecto obtuvo el dictamen preceptivo favorable del Consejo de Estado, aunque su tramitación volvió a quedar estancada. La ADE remitió cartas al Ejecutivo el 30 de octubre de 2025 y el 10 de febrero de 2026. Según la asociación, la respuesta se limitó a derivar el asunto al subsecretario de Asuntos Exteriores, sin avances tangibles ni mejoras en los medios consulares.

Los participantes situaron la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, entre las principales fuentes de sobrecarga. Reprocharon a los poderes públicos que la pusieran en marcha sin un periodo transitorio de adaptación y sin dotar a las oficinas de los medios humanos y materiales necesarios para tramitar las solicitudes de nacionalidad.

Según lo expuesto en la jornada, la acumulación de esos expedientes desbordó las oficinas e interfirió con los mecanismos del censo electoral y del voto por correo de los residentes ausentes, con más de 160.000 ciudadanos afectados. Los ponentes también denunciaron que los sucesivos gobiernos legislan sin atender a las particularidades del servicio exterior y omiten informes preceptivos de impacto económico y costes.

Para los ciudadanos, la reclamación se concreta en el acceso a los consulados y en una aplicación uniforme de la ley. David Casarejos, presidente de la comisión de derechos civiles y participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, recordó que hay tres millones de residentes fuera de España y reclamó neutralidad institucional para que la distancia no genere desigualdad. Casarejos denunció diferencias en la aplicación de instrucciones entre consulados.

Fuente: abc.es · leer el original