La anulación electoral debe depender de las pruebas, no del derrotado

Una derrota electoral no debe convertirse en motivo suficiente para anular unas elecciones, pero tampoco puede privar al perdedor del derecho a impugnarlas. Esa doble garantía es la que importa preservar en Brasil después de que Flávio Bolsonaro haya cuestionado el triunfo de Lula da Silva y solicitado la anulación del resultado.

Conviene separar dos decisiones que el combate político suele confundir. Presentar una reclamación permite discutir la regularidad del proceso; estimarla requiere acreditar motivos suficientes. La petición de Bolsonaro debe examinarse por lo que pueda demostrar, no por la fuerza política de quien la formula ni por la simpatía que despierte el vencedor.

El primer perjudicado por una anulación injustificada no sería únicamente Lula. Serían los ciudadanos cuyos votos quedarían sin efecto. La papeleta pertenece al elector, no al candidato que recibe su apoyo. Por eso, invalidar una elección debe responder a razones capaces de justificar que se deje sin efecto la decisión expresada en las urnas.

La garantía también funciona en sentido contrario. Invocar la confianza democrática no debería servir para cerrar el paso a cualquier revisión. Si aparecieran irregularidades acreditadas, investigarlas y corregirlas protegería el voto. Una democracia no necesita resultados inmunes al escrutinio, sino procedimientos que permitan distinguir una objeción fundada de una discrepancia con el desenlace.

El antecedente familiar añade tensión política: el expresidente Bolsonaro fue condenado por intentar revertir mediante un golpe su derrota de 2022. Pero esa responsabilidad no se transmite a su hijo ni resuelve por sí sola la reclamación actual. Juzgarla por parentesco sustituiría el examen de los hechos por una presunción política.

La exigencia debe ser idéntica para ambos contendientes: quien gana no obtiene inmunidad frente a una revisión fundada y quien pierde no adquiere un veto sobre el resultado. La confianza electoral se protege cuando las pruebas deciden la impugnación y la voluntad del votante permanece fuera de la negociación entre candidatos.

Fuente: abc.es · leer el original