Gobernar en minoría no es el problema; eludir el Parlamento, sí
La legitimidad de un Ejecutivo no depende de disponer de una mayoría propia, sino de someter sus decisiones al Congreso. Recuperar el control parlamentario exige limitar también a quienes mandan dentro de la Cámara.
Un Gobierno en minoría puede ser plenamente democrático; un Gobierno que trata el control parlamentario como un estorbo degrada la democracia. La diferencia importa. El criterio liberal no consiste en contar cuántos diputados obedecen al presidente, sino en comprobar cuánto poder puede ejercer sin obtener autorización ni rendir cuentas. La mayoría tampoco expide salvoconductos.
La abogada del Estado en excedencia Elisa de la Nuez plantea recuperar la centralidad del Parlamento y denuncia prácticas como las urgencias injustificadas y las prórrogas indefinidas de enmiendas. Propone reforzar el control del Ejecutivo, dar autoridad institucional a la Presidencia del Congreso y transparentar el reparto interno del dinero que reciben los grupos parlamentarios. Su diagnóstico desemboca, sin embargo, en una objeción discutible: considera poco democrático gobernar sin mayoría parlamentaria.
No hace falta compartir esa conclusión para reconocer el problema. Negociar cada ley no rebaja la legitimidad del Gobierno. La condiciona. Y esa condición protege al ciudadano frente a un poder que preferiría confundir su programa con una autorización ilimitada. Un Ejecutivo obligado a buscar apoyos puede encontrar límites más efectivos que otro respaldado por una bancada incondicional.
Tampoco basta con trasladar poder del Gobierno al Congreso si allí termina en manos de las direcciones de los partidos. Cambiar de ventanilla no garantiza ningún contrapeso. Reforzar al diputado individual tiene sentido precisamente porque introduce responsabilidad donde resulta cómodo esconderse detrás de una decisión colectiva. Para eso, conocer cómo se distribuyen los recursos de cada grupo no es una curiosidad contable. Es transparencia sobre el ejercicio del poder.
La reforma de los procedimientos debe medirse por ese mismo patrón. Agilizar una ley puede ser razonable; impedir su examen, no. Prolongar un plazo puede facilitar el trabajo; convertirlo en un bloqueo indefinido lo vacía. Las garantías deben servir también cuando incomodan a la mayoría que las administra. De lo contrario, son decoración institucional.
Revitalizar el Parlamento no significa asegurarle al Gobierno una mayoría dócil ni conceder a la oposición un veto permanente. Significa que ninguno pueda apropiarse de las reglas. El escaño no es propiedad del partido. El control tampoco es cortesía del Gobierno.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
Nuestro métodoComentarios (0)
Cargando comentarios…
