Frente al alarmismo político, pedir pruebas importa más que guardar la calma
La pausa antes de reaccionar puede proteger el juicio propio, pero no sustituye la comprobación. Una acusación debe sostenerse en hechos, tanto si llega envuelta en indignación como si se presenta con buenos modales.
La defensa del ciudadano frente al alarmismo político no consiste en dejar de enfadarse, sino en exigir pruebas a quien pretende orientar su voto. La serenidad es una herramienta útil, no un criterio de verdad: una denuncia airada puede estar fundada y una explicación tranquila puede eludir lo esencial.
Alfonso J. Ussía propone trasladar al debate público la regla de los tres segundos que describe para mantener la distancia al conducir. Su recomendación invita a interrumpir el impulso, identificar a quien habla y preguntarse qué busca. El valor de esa pausa está en recuperar la capacidad de decidir, no en convertir la ausencia de enfado en una virtud política suficiente.
El límite aparece cuando el examen de las intenciones desplaza al examen de las afirmaciones. Saber que alguien quiere ganar unas elecciones no permite determinar si dice la verdad. Tampoco basta con descubrir que una denuncia beneficia a un adversario para desestimarla. El interés de quien habla obliga a extremar la comprobación, pero no resuelve por sí solo la discusión.
Entre los recursos retóricos que cuestiona Ussía figuran la descalificación del contrario como extremista y la acusación de que otros romperán España para conservar el poder. Ante fórmulas así, la pregunta decisiva no es cuánto nos irritan, sino qué conducta concreta describen y con qué hechos se sostiene el reproche. Sin ese paso, aceptar la alarma y rechazarla automáticamente son dos maneras de renunciar al juicio propio.
Esa exigencia tampoco obliga a repartir responsabilidades por igual. Aplicar el mismo criterio a todos no significa concluir que todos tienen la misma razón o incurren en las mismas faltas. La independencia consiste en admitir resultados distintos cuando los hechos son distintos, incluso si la conclusión perjudica a la opción política que uno prefiere.
La pausa propuesta puede ser un comienzo, pero el objetivo debe ir más allá del autocontrol. El ciudadano no tiene que acreditar tranquilidad para pedir cuentas al poder. Tiene que conservar la libertad de indignarse por motivos comprobables y negarse a tratar como demostración el enfado que otros quieren provocarle.
Fuente: abc.es · leer el original
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