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Economía

El IEE estima que la tasa Google traslada entre 160 y 230 millones anuales a las empresas españolas

El Instituto de Estudios Económicos propone una derogación gradual y condicionada del impuesto digital. Su evaluación señala que los recargos de las plataformas trasladan parte de la carga a sus clientes y que la recaudación queda por debajo de las previsiones oficiales.

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Publicado: · Contenido generado con IA

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Vista lateral de una pequeña tienda con una comerciante ficticia de rostro visible y nítido revisando en un portátil una campaña de publicidad digital, junto a paquetes preparados para envíos y una calculadora sobre el mostrador, con iluminación natural y sin marcas reconocibles.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

Las empresas españolas soportan entre 160 y 230 millones de euros anuales por el traslado del coste del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales a los precios de las plataformas, según las estimaciones recogidas por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Esa cantidad equivale a entre el 39% y el 56% de los 410 millones recaudados por el tributo en 2025.

Las claves

  • Cifra

    Según los datos recopilados por el IEE, en 2025 la recaudación apenas alcanzó los 410 millones de euros, es decir, el 42% de lo inicialmente proyectado en la memoria de la ley.

  • Cifra

    Google introdujo un recargo sobre la publicidad contratada en España, que elevó al 3% en julio de 2024.

  • Cifra

    Entre 2021 y 2025, Hacienda ingresó alrededor de 1.550 millones de euros por este concepto, frente a los 4.840 millones que habría obtenido de cumplirse las previsiones oficiales durante esos cinco ejercicios.

Selección con IA · Fuente de los datos

El informe, presentado por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, evalúa el gravamen desde su entrada en vigor en enero de 2021. Sus autores sostienen que los costes económicos superan los beneficios recaudatorios y plantean evitar que un impuesto concebido como transitorio se consolide de forma permanente.

El estudio documenta cómo las grandes plataformas han repercutido parte de la carga fiscal. Google elevó al 3% en julio de 2024 el recargo sobre la publicidad contratada en España. Amazon aplica también un recargo del 3% sobre determinadas comisiones a vendedores, mientras que Apple ha ajustado sus tarifas a desarrolladores.

Para los negocios que utilizan estos servicios, el efecto se traduce en un mayor coste para anunciarse, vender o desarrollar su actividad. El IEE señala que las pymes tienen menos capacidad para negociar con las plataformas, absorber los recargos o buscar proveedores alternativos, lo que las hace especialmente vulnerables a ese encarecimiento.

El impuesto se dirige formalmente a grandes grupos con una facturación mundial superior a 750 millones de euros e ingresos digitales sujetos en España superiores a 3 millones. Aplica un tipo del 3% sobre determinados ingresos brutos, no sobre los beneficios, por lo que puede exigirse incluso cuando la compañía registra pérdidas.

La recaudación de 2025 representó el 42% de los 968 millones de euros anuales previstos en la memoria económica de la ley. Antes de esa estimación, el Ejecutivo había manejado una previsión de 1.200 millones al año.

Entre 2021 y 2025, Hacienda ingresó alrededor de 1.550 millones por este concepto, frente a los 4.840 millones que habría obtenido de cumplirse las previsiones de la memoria durante esos cinco ejercicios. La diferencia se aproxima a los 3.300 millones.

La evaluación incorpora además una estimación de Cristina Enache, economista de Tax Foundation Europe, según la cual eliminar el impuesto permitiría aumentar el PIB español en unos 539 millones de euros anuales. El análisis también prevé efectos positivos sobre la inversión, los salarios y el empleo.

El IEE añade a sus objeciones el riesgo comercial. Estados Unidos anunció en 2021 aranceles del 25% sobre determinados productos españoles como respuesta al gravamen, aunque aquellas medidas fueron suspendidas. El informe advierte de que la presión comercial se reactivó en 2025.

La propuesta del instituto vincula la derogación ordenada a la entrada en vigor del Pilar 1 de la OCDE, destinado a una solución multilateral sobre fiscalidad de las multinacionales, o a un acuerdo con Estados Unidos que descarte nuevas represalias arancelarias.

Bosco Álvarez · Opinión

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Fuente: Libertad Digital · leer el original

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