Tasa Google, recargo a la pyme
La tasa digital de Sánchez encarece la actividad de las pymes y recauda muy por debajo de lo previsto: el nombre del impuesto no decide quién lo paga.
Sánchez grava formalmente a los gigantes digitales, pero su tasa Google encarece también la actividad del pequeño negocio español. Es un mal diseño fiscal. El Gobierno elige al obligado fiscal, no al pagador final. La política tributaria no se justifica por el tamaño de la multinacional señalada, sino por sus efectos sobre quienes producen y venden.
El Instituto de Estudios Económicos estima que las empresas españolas soportan entre 160 y 230 millones de euros anuales por los recargos con los que las plataformas trasladan parte del tributo a sus clientes. Google y Amazon aplican recargos del 3% en determinados servicios. La recaudación quedó en el 42% de la prevista en la memoria de la ley. El impuesto grava ingresos brutos, incluso cuando hay pérdidas; el informe identifica a las pymes como especialmente vulnerables por su menor capacidad de negociación.
La ley no negocia las facturas. Una plataforma puede trasladar costes si sus clientes carecen de alternativas competitivas. Aprobar el tributo no elimina ese poder; contar con que el proveedor absorba toda la carga tampoco lo neutraliza. Para un pequeño anunciante o vendedor, absorber el recargo significa reducir su margen; trasladarlo, arriesgar ventas. El negocio recibe una carga sin ganar capacidad para discutirla.
Recaudar menos no significa perjudicar menos. El desfase respecto a la memoria de la ley añade una mala previsión a un mal diseño. Celebrar cada euro ingresado mientras se omite el coste impuesto a las empresas sería confundir recaudación con éxito. Culpar a las plataformas por repercutir el tributo tampoco salva al Gobierno: responde por los efectos previsibles de la norma que aprueba.
Gravar ingresos en vez de beneficios agrava la distorsión. Facturar no es ganar. La empresa gravada puede vender y perder dinero; cobrarle por su actividad bruta añade costes sin atender al resultado. En actividades de margen estrecho, una variación pequeña puede alterar la viabilidad. El volumen de ventas no acredita por sí solo la capacidad de pagar impuestos.
La alternativa liberal es someter la actividad digital a reglas tributarias generales, sin convertir cada sector visible en una nueva fuente de recargos. No hay inmunidad empresarial en ese criterio: hay límites al apetito fiscal del Gobierno. eldiarioLIBERAL defiende derogar la tasa digital, sin sustituirla por otra carga sobre los mismos servicios. El fracaso fiscal también lleva recargo.
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