El votante no tiene que demostrar su inocencia por elegir al PP

Elegir al PP no obliga a ningún ciudadano a demostrar que rechaza la violencia. Esa es la inversión que introduce el argumento de Irene Montero, quien el sábado pasado, en Nou Barris, equiparó votar a ese partido con votar machismo y violencia. La objeción no es que empleara palabras duras, sino que atribuyera a una decisión electoral una culpabilidad que debe juzgarse por las conductas.

Un partido puede ser cuestionado por sus propuestas, sus decisiones y las actuaciones de sus representantes. También cabe discutir las consecuencias de apoyarlo. Pero identificar el voto con la violencia elimina esas distinciones: ya no se exige al dirigente que explique una medida, sino al elector que se defienda de una descalificación moral. El argumento pierde precisión precisamente donde pretende ganar contundencia.

La libertad de elección incluye la posibilidad de votar por motivos distintos y de mantener desacuerdos con la candidatura elegida. Ninguna papeleta equivale a una adhesión ilimitada. Reconocerlo no exonera a los partidos de responsabilidad; impide trasladar automáticamente a cada uno de sus votantes todas las acusaciones dirigidas contra sus siglas.

Este criterio también permite separar dos debates que no deberían confundirse: la confrontación política y la justificación de la intimidación. Salvador Illa ha rechazado que exista causa alguna que justifique la violencia. Esa posición ofrece una regla aplicable sin averiguar antes quién es el agredido ni qué ideas defiende. Su valor reside en que no necesita excepciones ideológicas.

Tampoco hace falta atribuir a Montero una intención de promover agresiones para rechazar su planteamiento. Una declaración puede ser políticamente censurable sin convertirla en prueba de una estrategia coordinada ni en explicación automática de incidentes. Exigir rigor al adversario obliga a conservarlo al criticarlo.

La alternativa es discutir decisiones y exigir responsabilidades concretas, no repartir certificados de respetabilidad entre electorados. Esa garantía debe proteger por igual a quienes votan al PP y a quienes eligen a sus rivales. El ciudadano no recibe su libertad política de la aprobación moral de ningún dirigente.

Fuente: Libertad Digital · leer el original