El TEAC niega la exención del IRPF a las bajas pactadas de mutuo acuerdo
El criterio obliga a la Agencia Tributaria a distinguir las salidas voluntarias de los ceses involuntarios para aplicar la exención de hasta 180.000 euros en las indemnizaciones.
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha establecido que las indemnizaciones por salidas laborales de mutuo acuerdo no pueden acogerse a la exención del IRPF prevista para determinados despidos. La resolución afecta a la adhesión voluntaria a programas de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas cuando no existe un proceso de despido colectivo.
El órgano administrativo del Ministerio de Hacienda recuerda que las cantidades percibidas al finalizar una relación laboral son, con carácter general, rendimientos del trabajo. La normativa excluye de la exención las cuantías establecidas mediante convenio, pacto o contrato: acordar una indemnización con la empresa no basta para obtener el beneficio fiscal.
Para el trabajador, la diferencia afecta al importe que conserva de la compensación recibida. Una salida pactada no garantiza que los primeros 180.000 euros queden libres de tributación, aunque la propuesta económica de la empresa se haya negociado bajo esa premisa.
Ainhoa de la Cuadra, integrante del grupo de expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), explica que el elemento decisivo es la involuntariedad del cese. El TEAC diferencia los planes de bajas incentivadas dentro de un despido colectivo de los acuerdos individuales que las empresas utilizan para ajustar su plantilla.
La resolución introduce, no obstante, una precisión: tener abierto un proceso de despido colectivo no es una condición imprescindible para acceder a la exención, aunque sí constituye una prueba de que la desvinculación es involuntaria. Las salidas incentivadas fuera de ese marco deberán justificarse suficientemente.
Fuentes del ámbito empresarial expresan inquietud por el efecto del criterio sobre la negociación de estos planes. Señalan que algunas compañías habían calculado sus propuestas contando con que los empleados no tendrían que pagar impuestos por la indemnización.
Esas fuentes también temen comprobaciones de Hacienda sobre acuerdos de años anteriores. De la Cuadra invoca la seguridad jurídica y la confianza legítima como principios que deben respetarse. Según recuerda la experta, el criterio del TEAC es de obligado cumplimiento para la Agencia Tributaria y los tribunales económico-administrativos regionales, pero no vincula a los tribunales de Justicia.
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