El respeto a las víctimas no se mide en un banco de iglesia

Un funeral no debe funcionar como examen de legitimidad política. Ni la asistencia absuelve a un gobernante ni la ausencia demuestra desprecio por las víctimas. La libertad de conciencia también protege a quienes ocupan cargos públicos. Pero esa libertad no convierte sus explicaciones en intocables. No hay obligación de rezar. Sí la hay de responder.

En su editorial del 10 de noviembre, Luis Herrero censuró las ausencias de Pedro Sánchez y Santiago Abascal del funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y rechazó su utilización partidista. Sánchez había alegado que acudía a ceremonias aconfesionales, no a oficios religiosos, y anunció representación del Gobierno. Abascal defendió que las familias pudieran despedirse en la intimidad y sostuvo que los políticos a menudo entorpecen. Herrero cuestionó ambas justificaciones y también reprochó a Miguel Tellado que calificara de cobarde al presidente. La ceremonia de Toledo fue una celebración religiosa organizada por la Archidiócesis, no un funeral de Estado.

Esta última distinción importa. La neutralidad religiosa del Estado no obliga a sus representantes a evitar una catedral, pero tampoco convierte cada celebración católica en una convocatoria de asistencia forzosa. La representación institucional puede garantizarse sin exigir idénticas decisiones personales. Una iglesia no es un hemiciclo.

Otra cosa es la coherencia. Si Sánchez presenta como regla personal no acudir a oficios religiosos, resulta legítimo contrastarla con sus actuaciones anteriores. Herrero recordó su presencia en otros funerales para impugnar esa explicación. Ese es un debate sobre credibilidad, no sobre devoción. Mezclar ambos permite discutir de bancos vacíos en lugar de respuestas públicas.

Tampoco la intimidad invocada por Abascal concede superioridad moral a quien decide quedarse fuera. Puede justificar una elección personal; no demuestra que quienes asisten estén estorbando. Y llamar cobarde al ausente, como hizo Tellado, no aporta una sola respuesta sobre las responsabilidades por el accidente.

Las familias no deben convertirse en un tribunal electoral involuntario. Investigar las causas y asumir las responsabilidades correspondientes pertenece al terreno de las obligaciones públicas. Ocupar un asiento pertenece a otro. La presencia no exonera. La ausencia no condena.

Fuente: Libertad Digital · leer el original