La transparencia recortada de Sánchez

Sánchez manipula la rendición de cuentas cuando presenta una selección de los informes sobre Ceuta como si fuera el archivo completo. Los informes del Estado no pertenecen al presidente. Custodiar no es poseer. El Gobierno administra esos documentos; no adquiere con ello el derecho a presentar el tramo publicado como prueba de que todo está a la vista.

En septiembre, Sánchez aseguró en el Congreso que había ordenado publicar un dosier con todos los informes sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y que el Gobierno no tenía nada que ocultar. La publicación abarcaba julio; los documentos de los días posteriores quedaron fuera. El Ejecutivo ha desclasificado ahora más documentación a petición de la juez María Tardón, incluidas las notas íntegras del CNI a la inteligencia marroquí con advertencias sobre entradas organizadas mediante redes sociales. Moncloa no prevé publicar esta entrega y lo justifica por su vinculación con una causa judicial.

La fecha de corte importa. Las advertencias anteriores a una crisis y las decisiones posteriores permiten examinar responsabilidades distintas. Presentar un tramo como totalidad condiciona ese examen: lo que queda fuera del dosier desaparece también del balance que el Gobierno ofrece al ciudadano. El corte del dosier ofrece una ventaja política. Quien selecciona los documentos delimita las pruebas con las que puede contrastarse su gestión. No hace falta falsear un informe para ofrecer una imagen incompleta.

La reserva puede proteger operaciones o una investigación sin ocultar que hay documentación no publicada. Reconocer su existencia no equivale a revelar su contenido. La distinción es elemental. El ciudadano no tiene acceso al archivo para comprobar por su cuenta si el anuncio de totalidad era cierto. Precisamente por eso, la honradez consiste en delimitar lo publicado, no en aprovechar esa desigualdad de información para proclamar que ya está todo.

El control judicial merece respaldo porque permite examinar los documentos al margen de la selección de Moncloa. La juez esclarece hechos; no avala escaparates. Atender sus requerimientos es cumplimiento institucional, no una condecoración por transparencia. La colaboración judicial cuenta, pero no corrige lo anunciado en el Congreso. Entregar papeles a una causa y publicarlos son actos distintos. La entrega judicial no hace exhaustivo el dosier público.

eldiarioLIBERAL defiende que todo dosier público identifique los periodos que incluye y los que deja fuera. Así el ciudadano sabrá qué puede contrastar y qué sigue sin conocer. La palabra «todos» compromete a quien la pronuncia. También a Sánchez. Lo incompleto no se anuncia como total.