El presidente del Senado representa a más españoles que los que comparten sus afinidades

La representación institucional exige distinguir entre las afinidades políticas de quien ocupa un cargo y las obligaciones de ese cargo. Pedro Rollán permaneció sentado mientras Javier Milei llamaba dictador al presidente del Gobierno español. El problema no es que el presidente del Senado deba defender al Ejecutivo, sino que su presencia tiene un significado distinto del de cualquier asistente.

Conviene separar las conductas. Quienes aplaudieron aquella descalificación expresaron su respaldo; Rollán no se levantó de su asiento. No son actos equivalentes y sería injustificado atribuirle por ello las palabras del mandatario argentino. Pero esa diferencia tampoco elimina la pregunta sobre cómo debe actuar una autoridad cuando participa en un encuentro en el que se denigra a otra.

Un criterio liberal no puede exigir lealtad personal al presidente del Gobierno. La oposición tiene pleno derecho a cuestionar sus decisiones, denunciar sus abusos y reclamar su sustitución por las vías democráticas. También un dirigente extranjero puede formular críticas. Lo que merece examen es la confusión entre ejercer esa libertad y prestar el peso de una institución a una descalificación.

Levantarse del asiento no es la única respuesta imaginable ni debería convertirse en un ritual obligatorio. Importa algo más sustancial: que resulte reconocible la distancia entre la institución representada y las palabras de quien interviene. La libertad de expresión de Milei no impone a los demás una obligación de asentimiento, del mismo modo que discrepar de él no exige respaldar al Gobierno español.

Ese criterio debe valer con independencia de los protagonistas. Si cambia el partido que gobierna o la orientación del visitante, la exigencia para quien preside el Senado debería mantenerse. De otro modo, la defensa institucional queda reducida a una herramienta para proteger a los propios y desentenderse de los adversarios.

La responsabilidad de Rollán no consiste en evitar toda incomodidad al Ejecutivo. Consiste en recordar que representa una institución que no pertenece a su partido. Preservar esa diferencia permite una oposición más libre y exigente, no menos.

Fuente: elpais.com · leer el original