El pacto de PP y Vox para el Senado no es un cheque en blanco para gobernar
Coordinar candidaturas es una decisión legítima, pero no sustituye a un programa de gobierno ni convierte una eventual mayoría institucional en un respaldo ilimitado. El acuerdo debe juzgarse por sus términos públicos y por lo que decidan los electores.
El acuerdo de PP y Vox para el Senado debe evaluarse como lo que es: una fórmula de cooperación electoral, no un mandato anticipado para gobernar juntos. Su alcance importa, precisamente porque una mayoría capaz de intervenir en la renovación de instituciones exige distinguir entre sumar escaños, pactar políticas y ejercer el poder.
Las concesiones son concretas. El PP renuncia a presentarse en tres circunscripciones; Vox no concurrirá con candidatura propia en seis y limitará su presencia en otras catorce. Ambas formaciones buscan alcanzar los tres quintos de la Cámara Alta. Hay, por tanto, un reparto de espacios electorales con un objetivo institucional definido, no solo un gesto de acercamiento.
Ese objetivo tiene consecuencias: el Senado debe proponer la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional cuyos mandatos están caducados, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Si PP y Vox alcanzan la mayoría requerida, podrán afrontar esa renovación sin necesitar el acuerdo del PSOE. Esa posibilidad explica la relevancia del pacto, pero no permite presentar como conquistada una mayoría pendiente de las urnas.
También obliga a exigir precisión sobre los compromisos adquiridos. Miguel Tellado ha asegurado que no existe ninguna parte del acuerdo que no se haya anunciado y ha descartado compromisos futuros para ceder senadores autonómicos a Vox o facilitarle grupo propio. Esa declaración ofrece un criterio verificable con el que contrastar las decisiones posteriores de ambos partidos.
Para el elector, la distinción es sustancial. Apoyar una candidatura coordinada al Senado no equivale necesariamente a respaldar cualquier programa compartido ni cualquier reparto posterior de responsabilidades. Los partidos conservan sus siglas y deben seguir respondiendo por sus propuestas, también cuando solicitan cooperación a votantes de otra formación.
La legitimidad del pacto no necesita disculpas, pero tampoco admite un crédito ilimitado. Su primera prueba será electoral; la siguiente, si obtiene los apoyos necesarios, consistirá en explicar y justificar cómo utiliza esa capacidad institucional. Cooperar para sumar no exime de rendir cuentas por separado.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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