El museo público necesita autonomía, no inmunidad a la crítica
La financiación pública del arte obliga a rendir cuentas, pero no concede al Gobierno el derecho a decidir qué memoria merece conservarse. La protección frente al poder debe convivir con la discusión abierta sobre las decisiones de los museos.
La autonomía de un museo debe proteger sus criterios profesionales, no convertirlo en una institución ajena al escrutinio. Esa distinción permite salir de una falsa alternativa: aceptar que el gobernante ordene el relato histórico o considerar ilegítima cualquier pregunta sobre una exposición financiada por los ciudadanos.
Carlos Granés reúne ejemplos de intervención política en la cultura y denuncia una instrumentalización que atribuye tanto a la derecha como a la izquierda. Su advertencia señala un riesgo real, pero su conclusión sobre las motivaciones de cualquier político que se acerque a un museo resulta demasiado absoluta. Lo relevante no es presumir intenciones, sino examinar decisiones, competencias y procedimientos.
El asalto bolsonarista del 8 de enero de 2023 a la sede del Gobierno brasileño, durante el que fueron vandalizadas obras del modernismo del país, pertenece a un plano distinto del debate sobre una colección. Gustavo Petro condenó aquella violencia y la vinculó al fascismo. Proteger físicamente el patrimonio es una obligación que no depende de la simpatía que despierten sus autores o sus significados.
Tampoco conviene equiparar automáticamente la destrucción de una obra, la retirada de un referente histórico y la revisión del enfoque de una exposición. Granés reprocha a Abelardo de la Espriella su intervención en el Museo Nacional de Colombia y cuestiona el enfoque decolonial que atribuye al ministro Ernest Urtasun en el Museo de América y el Museo Arqueológico. Esas críticas deben discutirse atendiendo a qué se cambia y con qué justificación, no resolverse mediante etiquetas.
Desde una perspectiva liberal, el límite es doble. El contribuyente tiene derecho a conocer el destino del dinero público; el poder ejecutivo no debería utilizar ese dinero para exigir adhesión cultural. La independencia exige criterios transparentes, explicaciones contrastables y espacio para el desacuerdo, también con los responsables del museo.
La controversia moral tampoco basta por sí sola para justificar una exclusión. Los ataques de políticos republicanos al arte considerado sacrílego en Estados Unidos alcanzaron a obras como Piss Christ, de Andrés Serrano, y The Holy Virgin Mary, de Chris Ofili, exhibidas en museos públicos o vinculadas a financiación estatal.
Fuente: abc.es · leer el original
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