El IMV debe distinguir entre hogares separados y una separación simulada

El control del Ingreso Mínimo Vital debe proteger una distinción esencial: mantener dos hogares no es lo mismo que declarar dos domicilios mientras se comparte uno. Una política responsable debería impedir que la simulación resulte rentable sin tratar como sospechosas a las familias que realmente viven separadas.

El analista económico Manuel Llamas plantea el supuesto de una pareja no casada con cuatro hijos que convive, pero cuyos miembros se empadronan en direcciones distintas. Un progenitor figuraría con tres menores y el otro con el restante, para cobrar como dos hogares monoparentales. Llamas sostiene que hay familias que recurren a esta práctica y denuncia una falta de comprobaciones.

La comparación económica del supuesto es significativa: las dos prestaciones sumarían 2.670,30 euros mensuales en 2026, frente a los 1.613,92 euros correspondientes al hogar formado por los dos adultos y sus cuatro hijos. La diferencia sería de 1.056,38 euros al mes, alrededor de un 65%. Ese diferencial ofrece una razón concreta para vigilar las declaraciones de convivencia.

Pero el problema no es que dos familias monoparentales reciban conjuntamente más que un solo hogar. La cuestión relevante es si existen realmente dos unidades familiares separadas o si se presenta como tal una convivencia común. Confundir ambas situaciones llevaría a cuestionar prestaciones legítimas en lugar de perseguir la conducta fraudulenta.

También conviene separar las cantidades actuales de las previsiones. Los aproximadamente 3.043 euros mensuales calculados para 2027 dependen de una subida proyectada en torno al 14%. La cuantía definitiva está pendiente del decreto correspondiente. El argumento sobre los controles no necesita convertir esa estimación en una prestación ya aprobada.

Para el contribuyente, la exigencia razonable es que el dinero público llegue a quien cumple las condiciones. Para el beneficiario, que una sospecha general no sustituya la comprobación de su situación. Ambas garantías son compatibles: verificar la convivencia efectiva protege tanto los recursos públicos como la legitimidad de la ayuda. La respuesta debe dirigirse contra la separación simulada, no contra la protección de los hogares que existen de verdad.

Fuente: Libertad Digital · leer el original