El Gobierno aprueba 201 millones en ayudas a promotores privados para construir vivienda asequible

El Consejo de Ministros ha acordado este 27 de octubre destinar 201 millones de euros a ayudas a promotores privados para ampliar el parque público de vivienda asequible. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que las licitaciones incorporarán una ayuda directa y contarán también con financiación pública.

Según Rodríguez, esta dotación permitirá construir 2.500 viviendas bajo las mismas condiciones que las promovidas directamente por la entidad pública CASA 47. El modelo contempla contratos de 14 años, prorrogables cada siete hasta alcanzar una duración de 75 años, y un alquiler con un límite del 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Para los hogares que accedan a estas viviendas, la renta estará vinculada a sus ingresos, en lugar de depender del coste de construcción o del margen del promotor, según ha señalado la ministra. La ayuda incorporada al contrato de licitación servirá para garantizar esa asequibilidad.

La participación privada tendrá un umbral de subvención: las viviendas que requieran más de un 60% de ayuda para ofrecer un precio asequible no se licitarán mediante esta colaboración. En esos casos, la construcción se licitará directamente por CASA 47. Rodríguez ha defendido que la fórmula de concesión administrativa preservará la garantía pública sobre la gestión y las condiciones de las viviendas.

Los suelos que se ofrecerán a los promotores ya están urbanizados. La ministra ha sostenido que esa circunstancia agilizará la construcción y ha presentado la colaboración público-privada como el cuarto eje de actuación de CASA 47, junto a la recuperación de patrimonio estatal, la licitación directa de nuevas viviendas y la oferta de compra pública de casas existentes.

El despliegue de las ayudas se apoya, según Rodríguez, en la decisión de la Comisión Europea de considerar la vivienda asequible un servicio de interés económico general, en una nueva regulación de los contratos del sector público y en la definición legal de asequibilidad.

Esa definición figura en el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de octubre, que establece que el pago de la hipoteca o del alquiler no debe exigir más del 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. La norma está pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados.

Fuente: lamoncloa.gob.es · leer el original