El examen de Koldo debe estar en su nombramiento, no en su antiguo oficio

Lo que debe someterse a examen en la llegada de Koldo García al consejo de Renfe Mercancías es el criterio de selección, no su anterior trabajo como portero del pub Rosalex de Pamplona. Una institución pública debe poder justificar por qué elige a una persona para una responsabilidad determinada. La distancia entre dos empleos puede suscitar preguntas, pero no proporciona por sí sola las respuestas.

Haber trabajado en la puerta de un local no incapacita para asumir otras funciones. Tampoco acredita preparación para intervenir en el gobierno de una empresa ferroviaria. Confundir ambas cuestiones debilita la fiscalización: sustituye el análisis de los méritos por una jerarquía de profesiones. La movilidad laboral no debería resultar sospechosa; lo exigible es que cada nombramiento pueda defenderse por su adecuación al puesto.

El recorrido de García permite formular una pregunta concreta: qué capacidades justificaban su elección como consejero. Ese es el terreno en el que corresponde pedir explicaciones a quienes seleccionan. Ni la familiaridad de un nombre ni el prestigio de un cargo anterior deberían sustituir una evaluación de competencia. El mismo criterio debe aplicarse a cualquier candidato, venga de una ocupación modesta o de una carrera institucional.

La titularidad pública de Renfe y Adif tampoco resuelve ese examen. Que una empresa pertenezca al sector público no convierte automáticamente sus decisiones de personal en decisiones de interés general. Precisamente porque esa titularidad se invoca como garantía, debe acompañarse de una exigencia verificable de idoneidad y de responsabilidad por las elecciones realizadas.

La alternativa no consiste en idealizar el sector privado ni en suponer que allí sería imposible una trayectoria semejante. El criterio útil es otro: qué se exige para acceder a una responsabilidad y quién responde por la selección. Debatir sobre etiquetas de propiedad deja intacta esa cuestión si no se examinan los nombramientos.

Una defensa seria de la empresa pública debe admitir ese escrutinio. Y una crítica liberal debe reclamar oportunidades de ascenso junto con reglas exigentes de mérito. No se trata de cerrar el paso a quien procede de otro oficio, sino de impedir que el nombramiento quede a salvo de las preguntas que cualquier responsabilidad pública merece.

Fuente: elmundo.es · leer el original