El error humano no cierra la responsabilidad política de Transportes

La responsabilidad política de Transportes no termina donde empieza el posible error de un trabajador. Tras el accidente ferroviario de Urda, Óscar Puente ha situado en su explicación una caída informática y una intervención humana posterior. Esa secuencia debe ser el comienzo de la rendición de cuentas, no una fórmula para darla por concluida.

El ministro presentó el fallo del ordenador como una incidencia comparable a las que pueden producirse en una oficina. Pero la cuestión relevante no es si un equipo informático puede dejar de funcionar: es qué sucede después cuando de su funcionamiento depende un servicio que transporta personas. La explicación pública debe concentrarse en las garantías disponibles ante esa avería y en por qué no impidieron el desenlace.

Hay que separar responsabilidades. Determinar quién cometió un error, si lo hubo, exige esclarecer los hechos. Examinar los protocolos, las decisiones de gestión y la supervisión corresponde a otro plano. Ni el cargo de ministro demuestra una culpa técnica ni la eventual equivocación de un empleado exonera por sí sola a los responsables políticos.

Tampoco cabe convertir la explicación inicial en una sentencia sobre toda la red. Afirmar que el ferrocarril español es inseguro requiere algo más que extrapolar una secuencia del accidente. La exigencia debe ser concreta: identificar el fallo, explicar las protecciones que debían contenerlo y dar cuenta de las medidas necesarias para evitar su repetición.

El debate sobre la competencia tampoco sustituye esas respuestas. Puente ya expresó tras el accidente de Adamuz sus reservas sobre la liberalización ferroviaria y señaló que ese marco depende de la Unión Europea. Es una posición política legítimamente discutible, pero no demuestra qué provocó un accidente ni qué responsabilidad corresponde a cada operador o al gestor de la infraestructura.

Para el viajero y el contribuyente, la prioridad es la misma: un servicio seguro y una explicación comprensible sobre la gestión de los recursos públicos. La discusión entre mercado y monopolio no debe servir para desplazar el examen de decisiones concretas.

Transportes debe responder por aquello que dirige sin anticipar culpabilidades individuales. La obligación del ministro no es garantizar que ninguna persona se equivoque, sino explicar cómo está organizado el sistema para que una equivocación no desemboque en una tragedia. Ese es el criterio con el que debe evaluarse su gestión.

Fuente: Libertad Digital · leer el original