El coste de las pensiones debe debatirse entre generaciones, no esconderse en el presupuesto

Una reforma de las pensiones debería empezar por hacer visible el reparto de sus costes. Proteger a un colectivo mediante aportaciones del presupuesto no elimina el esfuerzo necesario para sostenerlo: cambia su financiación. La exigencia política debe ser explicar ese traslado, no presentar cada garantía de ingresos como si careciera de contrapartida.

El diseño impulsado por Fátima Báñez en 2013 permite examinar ese dilema sin convertir a su promotora en una figura incuestionable. Su planteamiento vinculaba la revalorización al equilibrio financiero del sistema y contemplaba un factor de sostenibilidad que relacionaba el cálculo de la primera pensión con la esperanza de vida. Eran dos mecanismos distintos, con efectos sobre generaciones diferentes.

La cuestión relevante no es si una fórmula merece el calificativo de valiente. Es qué decisiones obliga a afrontar. Ante un desequilibrio entre ingresos y gastos, aquel planteamiento dejaba al Gobierno ante la elección de aportar recursos presupuestarios, actuar sobre las prestaciones o combinar ambas vías. La regla no suprimía la política: hacía más explícita la necesidad de elegir.

También exponía un conflicto que merece debatirse sin descalificaciones. Una revalorización que no asegure compensar la inflación puede reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. No es un detalle técnico menor, sino una consecuencia que debe reconocerse al defender ese modelo. Pero evitar esa pérdida mediante transferencias del Estado tampoco convierte la protección en gratuita.

Para el ciudadano, la diferencia importa más allá de la nómina de su pensión. Los recursos de los Presupuestos Generales del Estado proceden de los impuestos. La discusión afecta, por tanto, tanto a quien cobra una prestación como a quien contribuye a financiarla, y no puede encerrarse en las cuentas de la Seguridad Social.

De ahí que el debate no deba resolverse con una reivindicación personal de Báñez ni con una condena automática de cualquier ajuste. Vincular prestaciones a variables demográficas o financieras exige discutir sus efectos; sustituir ese vínculo por más financiación pública exige explicar igualmente el esfuerzo solicitado.

La responsabilidad política consiste en presentar juntas ambas caras: la protección que se promete y la carga que permite sostenerla. Sin esa información, el acuerdo entre generaciones se convierte en una sucesión de decisiones presupuestarias poco transparentes. Una reforma defendible no es la que asegura que nadie pagará, sino la que permite discutir abiertamente quién paga y por qué.

Fuente: Libertad Digital · leer el original