El coste de la polarización se combate con reformas, no con unanimidad
La relación entre división política, bloqueo legislativo y menor inversión que señala el Banco de España obliga a discutir cómo se gobierna. No exige borrar las diferencias entre partidos, sino impedir que esas diferencias inutilicen las instituciones.
La respuesta al coste económico de la polarización no debe ser exigir unanimidad, sino recuperar la capacidad de aprobar reformas entre adversarios. Una democracia necesita alternativas reconocibles; lo que no puede permitirse es que cualquier acuerdo se considere una traición y cualquier discrepancia, una amenaza.
Un estudio publicado hace unas semanas por el Banco de España relaciona el aumento de la polarización con el atasco legislativo y una caída de la inversión en los países analizados, con la excepción de Italia. Para España, el gráfico sitúa en 2016 el comienzo de un fuerte ascenso de la división política. Es una advertencia sobre el funcionamiento de las instituciones, no un mandato para que todos los partidos compartan programa.
La distinción importa. El desacuerdo sobre impuestos, gasto o regulación forma parte de la libertad política. Resolverlo exige procedimientos, mayorías y negociación. Si la conclusión fuera que la economía necesita menos oposición, estaríamos confundiendo la estabilidad de las reglas con la comodidad de quien gobierna.
Tampoco toda actividad legislativa equivale a una buena reforma. Aprobar más normas no garantiza que sean mejores. El objetivo debe ser que los cambios puedan discutirse, evaluarse y corregirse, sin que su utilidad dependa exclusivamente de quién los propone. La excepción italiana aconseja, además, no convertir la relación descrita por el supervisor en una explicación automática de cualquier dificultad económica.
Para el ciudadano, el dato relevante es la inversión: el estudio sitúa su caída al final de una dinámica de división y bloqueo. Por eso, la discusión sobre las formas políticas no es una cuestión meramente estética. Importa también por sus resultados económicos.
La responsabilidad debe medirse por conductas verificables: qué reformas presenta el Gobierno, qué razones ofrece la oposición para rechazarlas y qué alternativas está dispuesta a negociar. Ese criterio permite exigir cuentas a ambos sin repartir culpas de antemano.
Despolarizar no consiste en desactivar la alternancia ni en reclamar adhesiones al poder. Consiste en preservar la posibilidad de cambiar las políticas y de pactarlas cuando resulte útil. El acuerdo debe ser una herramienta para gobernar mejor, nunca una condición para ser considerado un adversario legítimo.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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